Alperi concede 10 obras por silencio administrativo en parajes protegidos

El Ayuntamiento de Alicante ha concedido al menos una decena de licencias de obra mayor en los últimos meses que afectan a solares y parajes calificados de especial protección arqueológica por un decreto municipal que data de 1987. En todos los casos, las zonas afectadas por los proyectos presentados por particulares están incluidas en la Carta Arqueológica de la ciudad que elaboró el departamento de Arqueología de la Universidad por encargo del propio Ayuntamiento, que consta como documento anexo al Plan General de Ordenación Urbana vigente en la ciudad. La Carta Arqueológica está reconocida por la Consejería de Cultura. Casco antiguo, L"Albufereta y Benalúa son tres de las áreas protegidas sobre las que el equipo que preside el alcalde Luis Díaz Alperi ha concedido licencias de construcción por vía del silencio administrativo, sin realizar las preceptivas excavaciones arqueológicas pese a los informes técnicos en ese sentido, según denunció ayer el arqueólogo municipal Pablo Rosser, en excedencia desde que en 1995 fue elegido concejal. Lo que al principio podía constituir una anécdota, parece haberse convertido en una costumbre con el argumento de defender los intereses legítimos de promotores y constructores, que en ocasiones llegan a esperar meses para obtener una respuesta a la licencia de obra tramitada. En los últimos tiempos, el equipo de gobierno, del PP, ha optado por dar luz verde a los proyectos por vía del llamado "acto presunto", en el caso de transcurrir tres meses sin que se resuelva el expediente. Indefensión Las licencias se conceden obviando las leyes de conservación del patrimonio e incluso el Código Penal, que tipifica como delito la destrucción de yacimientos arqueológicos. La concesión de licencia en esas condiciones, según Rosser, coloca en una absoluta indefensión a los particulares que obtienen los permisos, ya que pueden ver paralizadas las obras por una orden judicial o por un decreto de la Dirección General de Patrimonio en el caso de que aparezcan restos arqueológicos en los solares que se edifican. La situación resulta paradójica: el promotor cree que dispone de todas las garantías jurídicas para iniciar y finalizar la obra dado que ha sido autorizada por el Ayuntamiento, pero sobre él puede caer el peso de la ley si destruye restos arqueológicos. Tal circunstancia se evitaría si los técnicos municipales realizaran excavaciones previas, tal como establece la normativa, para dictaminar la conveniencia o no de preservar esos restos. "El PP deja a los promotores absolutamente desamparados", señaló Rosser, que se confesó "dispuesto" a informar con detalle de estas prácticas al ministerio fiscal para que sean las autoridades judiciales quienes pongan freno a lo que no dudó en calificar de "caos".