Cinco años de cárcel para el parado que quemó dos sedes del Inem

Un total de cinco años y cinco meses de cárcel ha impuesto la Audiencia de Madrid a Carlos Torío, el parado acusado de incendiar dos oficinas del Inem en Madrid en 1997. El tribunal ha rebajado a la citada pena los 25 años de cárcel que pidieron para él en el juicio el fiscal y los abogados de la acusación tras aplicarle la eximente incompleta de enajenación mental. Opina el tribunal que su precaria situación personal y laboral le llevó a una situación de paranoia. "Estaba sin trabajo, sin domicilio y sin responsabilidades familiares", comentó Torío en el juicio. Por cada incendio le condena a dos años y seis meses de cárcel, y a otros tres meses de prisión y a una multa de 6.000 pesetas por las lesiones que sufrieron seis personas en sendos siniestros.El tribunal considera probado que sobre las 10.30 de la mañana del 27 de agosto de 1997, Torío acudió a la sede que el Inem posee en la calle del General Pardiñas, provisto de un bidón con cinco litros de gasolina, que esparció en su interior y a la que prendió fuego. El humo se extendió a toda la oficina. Cuatro usuarios sufrieron lesiones como consecuencia del humo. Ingresó en prisión y quedó en libertad el 1 de septiembre.

El día 4 de ese mismo mes volvió a hacer lo mismo en otra sede del Inem, la situada a la altura del número 222 de la calle de Bravo Murillo. Entró en la oficina, provisto también de un bidón con cinco litros de gasolina, y la esparció por el local al grito de "fuera todo el mundo, que esto va a arder". En esta ocasión, el fuego afectó a una superficie de la oficina de entre "cuatro y diez metros cuadrados". Dos personas resultaron con lesiones, y se produjeron daños materiales tasados en más de un millón de pesetas. Ese día fue detenido y aún permanece en prisión. Los jueces entienden que su estado de paranoia le hizo actuar así, pero que en su ánimo no estaba lesionar a nadie.

Luis Fernando Luján, abogado de una de las víctimas, indicó ayer que recurrirá la sentencia porque la sala no ha decretado la responsabilidad civil del Estado pese a las irregularidades sobre seguridad que exisistían en ambas oficinas.