Los delitos ecológicos se triplicaron en 1998, según las denuncias investigadas por la Ertzaintza

El número de delitos contra el medio ambiente creció espectacularmente el pasado año. La Ertzaintza, encargada de tramitar las denuncias, realizó durante 1988 un total de 43 actuaciones, frente a las 13 de 1997. Los meses de verano fueron los más problemáticos, puesto que de junio a septiembre pasados se contabilizaron casi la mitad de los delitos de todo el año. Responsables de las instituciones vascas admiten que la persecución del delito ecológico es una cuestión "que está muy verde" y, de hecho, ni la Diputación vizcaína ni el Gobierno vasco tienen estadísticas sobre estas agresiones.

La persecución de las agresiones al medio ambiente es una tarea que recae en la Fiscalía de Delitos Ecológicos del Tribunal Superior del País Vasco. La escasez de medios, con un fiscal en cada territorio, pero sin dedicación exclusiva a estos asuntos, dificulta su labor, que ni siquiera tiene estadísticas de referencia. "Los datos de delitos ecológicos son los que aparecen en la memoria anual del Tribunal Superior y, como están clasificados junto a otros delitos, no podemos cuantificarlos", señalan fuentes de la Fiscalía. Dado el desconocimiento de las agresiones anuales al medio ambiente tanto en las diputaciones como en el Gobierno, que se remiten a la Fiscalía de Delitos Ecológicos, las únicas estadísticas fiables proceden de la Ertzaintza, que realiza labores de policía judicial para la fiscalía. Durante 1998, la policía autonómica tramitó un total de 43 expedientes, de los que ocho correspondieron a vertidos tóxicos a los ríos. El resto fueron de diversa índole y generalmente de menor importancia, desde denuncias por emisiones a la atmósfera al depósito de basuras en escombreras incontroladas. Septiembre fue el mes más prolífico en actos contra la naturaleza, con nueve, seguido por junio y agosto, en los que hubo seis delitos medioambientales, y en enero se registraron cinco. Febrero y noviembre fueron los únicos meses en los que la Ertzaintza no tuvo que realizar ninguna actuación. Las denuncias ciudadanas son todavía ínfimas. Según los cálculos de la Fiscalía de Delitos Ecológicos, sólo un 10% de los asuntos que se investigan procede de una demanda concreta presentada por particulares. El procedimiento se inicia en la mayoría de los casos de oficio, al descubrirse un vertido por el color cambiante del río o la existencia de peces muertos y, en otros casos, por olores y humos de características singulares. En estas situaciones, la Ertzaintza recoge las muestras necesarias y elabora un atestado que va al juzgado. El mecanismo puede funcionar a la inversa: que el juzgado comience a investigar y ordene la recogida de muestras y toma de declaración de los implicados. El "caso Rontealde" Uno de los últimos desastres ecológicos más significativos se produjo el pasado verano en Guipúzcoa, cuando una avería en una lavandería de Oiartzun provocó un escape de fuel-oil que llegó al río y, desde aquí, a la bahía de Pasaia. Medio centenar de patos murieron tras quedar impregnados por los cerca de 6.000 litros de combustible derramados. El más grave de los accidentes ecológicos en el País Vasco ocurrió en 1994 en Barakaldo. Una emisión tóxica incontrolada de la empresa química Rontealde causó la muerte de un vecino con problemas respiratorios. El juez instructor de la causa dictó un auto de procesamiento contra cuatro directivos de la planta como responsables de un delito ecológico con resultado de muerte. La resolución establece una relación directa entre las emanaciones de dióxido de azufre y el fallecimiento del vecino. Además, el juez responsabilizó a la empresa de múltiples irregularidades: la operación de puesta en marcha de la producción se realizó sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el sensor no cumplía las prescripciones técnicas y no hubo consulta previa al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno. La vista oral se celebrará probablemente este verano y en ella se sentarán en el banquillo tres directivos de Rontealde después de que la Audiencia desestimase las acusaciones contra el consejero-delegado de la empresa. Ayer se conoció que el Ayuntamiento vizcaíno de Abanto ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa química Petronor por posible delito ecológico en la utilización de un vertedero. Los responsables locales, informa Efe, acusan a la firma de depositar residuos "sin ningún tipo de licencia, tanto de obra como de expediente de actividad". Vizcaya, donde se ha concentrado la mayor actividad industrial causante de estos delitos, es el territorio donde se localizan dos de cada tres agresiones medioambientales, según la memoria del Gobierno vasco referida a 1997.