Las infraviviendas de Vallecas echan el cierre

El reluciente edificio del parlamento regional, inaugurado por el príncipe Felipe hace seis meses en el corazón de Madrid Sur (Vallecas), ya no estará rodeado de ruinosas casitas bajas.Un moderno complejo residencial sepultará las infraviviendas más viejas del barrio de San Diego, en Vallecas. Están situadas junto al edificio vanguardista donde legislan el Gobierno regional, el grupo popular y la oposición (IU y PSOE). El día que los políticos pusieron la primera piedra de esta sede institucional, los vecinos que habitaban las infraviviendas se acercaron gritando para reclamar un piso digno. Algunos años después, el Ayuntamiento de Madrid les ha prometido una rápida solución.

Las 170 infraviviendas que aún se mantienen en pie presentan unas condiciones lamentables. Muchas carecen de agua corriente y en otras son numerosas las grietas. El lugar que ocupan ahora será utilizado para levantar una lujosa manzana de 400 viviendas, con piscina y jardines, rodeada de zonas verdes.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la operación, que cambiará en dos años el aspecto gris y deteriorado de una humilde urbanización de Vallecas.

La transformación del barrio costará 3.050 millones de pesetas, que financiarán conjuntamente el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad.

La reforma que ha proyectado Urbanismo afecta a los núcleos de casas bajas situadas entre las calles de Doctor Sánchez, San Moisés, Manuel Laguna, Carlos Aurioles, avenida de San Diego, Higinio Hernández y Hermanos Trueba. Para reordenar este espacio, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha expropiado cerca de 50.000 metros cuadrados y ha redactado un plan especial de reforma.

La Asociación de Vecinos de San Diego asegura que el derribo de las infraviviendas se ha retrasado 20 años: "Cuando se aprobó la remodelación de Palomeras se tendría que haber acometido esta operación", señala Francisco de la Antonia, presidende de la Asociación de Vecinos de San Diego, que lleva dos décadas al frente de los que reivindican la urgente reforma de su barrio. "Ahora les han entrado las prisas a los gobernantes, porque los políticos de la Asamblea de Madrid no pueden ver frente a sus puertas el tercer mundo de las casitas ruinosas", añade De la Antonia.

Los vecinos serán realojados en pisos de la avenida de Buenos Aires y Arroyo Olivar, a 700 metros del lugar donde viven. Sin embargo, los inquilinos más antiguos han sido discriminados, según la asociación de vecinos.

A 24 inquilinos mayores de 65 años se les han concedido viviendas fuera del barrio, en Valdebernardo (Moratalaz). Están enfadados y disgustados porque se les prometió que seguirían "entre sus gentes". "Nos separan de nuestras raíces y del lugar donde mejor nos sentimos. Nos va a costar adaptarnos a vivir fuera de Vallecas", asegura Anselmo, de 79 años.

De la Antonia mantiene que el presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió, en la precampaña electoral del 95, a dejar a todos los vecinos en Vallecas. "Es inaudito que separen a toda esta pobre gente de su entorno social. No se van adaptar a otro sitio por la edad que tienen. Encima les quitan de la convivencia de su vecinos de siempre, que ya jamás les van a ver", agregó De la Antonia.

La mayoría de los inquilinos ya tienen asignadas, mediante sorteo, nuevas viviendas en régimen de alquiler. Este mes comienza la mudanza.

Julia Martínez, viuda de 50 años, abandonará una casa alquilada de 30 metros cuadrados, sin baño y sin agua corriente, en la que ha vivido 18 años. "¿Verdad que es increíble que hayamos vivido aquí sin ni siquiera agua?", se pregunta Julia en la puerta de su casa. "Nos bañamos en barreños y el agua la cogemos de una manguera". "Hace 20 años pagaba 1.000 pesetas de renta, pero desde que se murió la propietaria de la casa no pago nada", agrega. La mujer dice que cobra de pensión 44.000 pesetas. "Me dan una casa en alquiler por la que tengo que pagar 15.000. No está mal, aunque me podían bajar un poco", reclama.

Antonio, un camarero de profesión, vive con su mujer en otra casa baja. "Estamos contentos con el traslado porque algunas casas ya se caen y hay peligro. No tienen ni cimientos". Josefa Martín, vecina de la calle de Higinio Rodríguez, es una de las pocas mujeres que aún no ha recibido la carta municipal en la que se le asigna un piso: "A ver qué pasa conmigo, que todavía no me han dado casa", se lamenta.

Algunas de las personas que viven en las infraviviendas son propietarias de las casas. Éstos podrán comprar el piso que les han adjudicado para el realojo, aunque han surgido problemas a la hora de establecer las condiciones económicas del pago de sus viviendas. También quieren acceder a la compra de los pisos las familias de alquiler que viven en las casitas bajas. "Es injusto lo que han hecho, todos deberíamos tener acceso a comprar la casa a la que nos llevan aunque no fuésemos propietarios".

Los vecinos de la zona ya conocen el proyecto municipal que transformará el entorno de la Asamblea. Nadie censura la operación, pero todos se preguntan por qué se ha tardado tanto.