Más poder

Recién escaldado por su intento de imponer cuotas a las productoras de Estados Unidos, el presidente de la Generalitat tiene que dar marcha atrás en su propuesta de fifty-fifty para los discursos de la Corona. Sugerencia ésta doblemente desafortunada porque, además de la descortesía hacia el Rey, ha arruinado el posible efecto de su reciente y programático discurso en ESADE; un discurso, como el mismo presidente temía, algo pesado, muy jurídico y constitucional, pero cargado de contenido político. Pujol no habla desde el monte ni aprovecha el vandalismo de fin de semana para salirse por alguno de los repugnantes registros que son cada vez más la marca de ciertos nacionalistas vascos. Ni improvisación ni cinismo, Pujol opta por la conferencia y el pensamiento elaborado. Sería un error no prestarle atención arrastrados por el ruido de su 50%.Dentro de unos meses se cumplirán 20 años del Estatuto de Cataluña y del primer triunfo electoral de CiU en elecciones para el Parlamento catalán. Estos últimos 20 años, dice Pujol, arrojan un buen balance -competencias impensables, policía, carácter plurilingüístico del Estado, derecho civil- gracias, entre otras cosas, a la Constitución y el Estatuto. Pero la interpretación dada a esas dos normas jurídicas ha impedido el "reconocimiento singular" de Cataluña, encontrar soluciones particulares en las que plasmar la diferencia, la heterogeneidad de la nación catalana. Hay un problema nacional específico de Cataluña y del País Vasco -afirma Pujol, olvidadizo de Galicia- que no encuentra respuesta adecuada en la Constitución ni en los Estatutos.

¿Qué hacer? Para tranquilidad de sus electores, Pujol rechaza hoy la aventura anunciada ayer de acometer un nuevo proceso constituyente: la Constitución está blindada y sería pena inútil intentar su reforma. Pero el texto constitucional es como una historia interminable que ofrece múltiples y diferentes lecturas. Releamos, pues, la Constitución con el mismo espíritu de pacto entre ciudadanos y pueblos con que fue escrita y promulgada. Fruto de esa relectura, y de un amplio debate convocado para cuando vaya bien corrido el año 2000, una mayoría cualificada del Parlamento catalán deberá proponer una reinterpretación que obligue a las Cortes Generales a pronunciarse sobre las demandas "justas y asumibles" de Cataluña.

No podrá negarse oportunidad ni inteligencia a la propuesta. Desde 1984, el nacionalismo no avanza ni un milímetro en apoyo electoral; por el lado de la presión popular, todo lo que la clase dirigente podía conseguir está ya más que exprimido. También lo está todo lo exigible a cambio de gobernabilidad, o sea, gracias a esa envidiable situación que consiste en vivir sin oposición en Barcelona mientras se disfruta de derecho de veto en Madrid. ¿Cómo avanzar en la conquista de más poder político si no es presumible un aumento de votos nacionalistas ni aceptable una mayor presión sobre los gobiernos de Madrid? Pues recomponiendo un "Pacto institucional de autogobierno" por el que todas las fuerzas políticas catalanas acuerden, tras releer la Constitución, reformar el Estatuto con vistas a conseguir un "grado de poder político más alto" para Cataluña.

Este pacto institucional de autogobierno se parece mucho al ámbito vasco de decisión: sin disponer de más electores, sin margen para exigir mucho más de lo ya obtenido a cambio de gobernabilidad, los nacionalistas han decidido utilizar sus respectivos parlamentos como herramientas para forzar pactos de Estado que les otorguen más dinero y más poder. El nacionalismo vasco lo intenta por la tremenda, yendo a remolque de su facción extrema y excluyendo a los partidos no nacionalistas; el catalán, más pactista, pretende situarlos a su cola. Mientras tanto, los partidos de ámbito estatal, navegando entre el federalismo de unos y el todo va bien señora la marquesa de los otros, dan la impresión de haber sido sorprendidos con el paso cambiado.