Las fichas franquistas se conservan para que los afectados reclamen. La tenacidad de Ruiz

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana acordó ayer que la destrucción de las fichas de peligrosidad social abiertas durante el franquismo se produzca cuando los afectados por los expedientes así lo soliciten. La medida, que garantiza que los datos almacenados en los archivos judiciales serán inaccesibles, persigue un objetivo: facilitar "hipotéticas reclamaciones administrativas" de los "interesados", es decir, de los homosexuales y otros elementos peligrosos represaliados por la dictadura.

"Sin perjuicio de que a petición individualizada de cada interesado legítimo se proceda a la destrucción del expediente correspondiente por entender que el mantenimiento de sus datos afecta a su intimidad", dice el acuerdo de la sala de gobierno del TSJ, las ignominiosas fichas de peligrosidad social abiertas por el régimen preconstitucional serán conservadas. El alto tribunal valenciano, en cumplimiento del mandato del Consejo General del Poder Judicial, así lo acordó ayer. Los expedientes abiertos a homosexuales y otros elementos de conducta desviada y nociva para el régimen, según la terminología franquista, han acumulado polvo en las dos últimas décadas. A partir de ahora, serán destruidos cuando los afectados así lo soliciten. El resto serán sometidos a un expurgo selectivo -que eliminará toda aquella información superflua e insustancial- o mantenidos. En éste último caso, con un objetivo concreto. "La conservación de dichos expedientes" podría tener algún "efecto jurídico positivo ante hipotéticas reclamaciones administrativas por parte de los interesados". El TSJ abre la puerta así a que los cerca de 800 valencianos fichados por el franquismo por delitos tan peregrinos como el devenido de su condición sexual soliciten, si lo consideran conveniente, algún tipo de resarcimiento o indemnización al Estado, responsable último de la conservación de unas fichas de naturaleza "incompatible" con la Constitución Española. Respeto a la intimidad De cualquier manera, el TSJ ha tomado las medidas pertinentes para garantizar la reserva de los datos contenidos en las fichas. En ese sentido, la sala de gobierno del alto tribunal insta a la Subsecretaria de Justicia de la Generalitat, la administración competente en la materia, a tomar las "medidas oportunas". Es decir, a proceder a la "custodia y mantenimiento de la intimidad de los datos contenidos" en los expedientes hasta su total destrucción. El decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa, se ha comprometido a ello como responsable de la conservación o eliminación, según los casos, de las fichas. "A partir de ahora tendremos especial interés" en todo lo referente a este tema, aseguró en declaraciones a Efe. De momento, el único solicitante de la destrucción de su ficha ha sido Antonio Ruiz, un homosexual fichado en 1976.Antoni Ruiz Saiz es el personaje anónimo que ha logrado que todos los homosexuales de España perseguidos durante el franquismo puedan solicitar, amparados por la Justicia, la destrucción de las fichas que denunciaban su inclinación sexual u otras características que el antiguo regimen consideraba peligrosas. Y lo ha conseguido a base de sangre, sudor y lágrimas, o, más bien, sufrimiento, tenacidad y empuje. Ruiz, ha dedicado los últimos de sus 40 años a peregrinar, con escaso éxito, por varias instituciones (desde el Defensor del pueblo hasta el CGPJ pasando por las Cortes Valencianas) clamando por la ilegalidad de las fichas. Su expediente será el primero en ser destruido.