Un decreto deja al Ayuntamiento el entierro del inmigrante ahogado

Un reglamento de 1974 sobre Policía Sanitaria y Mortuoria zanja de un plumazo la polémica surgida entre la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno sobre quien debía cubrir los costes del entierro del joven maliense que se ahogó en el Guadalquivir el 10 de febrero pasado. El decreto asegura que ni la Administración autonómica ni la central deberían haber entrado en esta pugna, ya que es el Ayuntamiento el encargado de dotar de un féretro y llevar hasta el camposanto a aquellos fallecidos sin recursos. Funcionarios y profesionales de la judicatura mostraban ayer su sorpresa por la pelea y los cruces de acusaciones motivados por los gastos del entierro del inmigrante ilegal tras arrojarse al río desde el barco en el que viajaba como polizón. La práctica más común entre los diversos juzgados sevillanos consiste en esperar unos días a que la familia reclame el cadáver o en su defecto intentar ponerse en contacto con ellos. Si no hay noticias, se le envía un escrito al Ayuntamiento para que proceda al "entierro de Beneficencia". Este tipo de sepelio no sólo lo reciben los indigentes que aparecen muertos en las calles. Se han dado casos de gente pudiente que ha repudiado hasta el cadáver de uno de sus familiares, que ha acabado siendo enterrado a cargo del Ayuntamiento.