Los magistrados del Superior responden que la sentencia sólo limita un beneficio fiscal puntual

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) aseguró que sus sentencias sobre normas fiscales de las Diputaciones vascas "no cuestionan el Concierto Económico". En una nota difundida ayer, los magistrados del tribunal negaron la excepcionalidad del fallo que anula una norma fiscal de Guipúzcoa y subrayaron que esta sentencia se refiere en exclusiva a "a un beneficio fiscal puntual y concreto" aplicable sólo a "las grandes inversiones" y que deja fuera "a la generalidad de las empresas guipuzcoanas".

El Tribunal Superior de Justicia salió al paso de las críticas recibidas desde las filas nacionalistas por la sentencia que rechaza las ayudas fiscales del 45% a las empresas que invierten más de 2.500 millones en activos fijos en Guipúzcoa. En su comunicado, el tribunal de lo Contencioso-administrativo que dictó el fallo asegura que éste "no anula un régimen de incentivos fiscales" ni pone en tela de juicio el régimen competencial vasco. Los magistrados rechazaron también la "excepcionalidad" de esta sentencia y precisaron que los criterios que en ella aparecen "son los que jurídicamente esta Sala asume". Y en referencia a otro fallo que no cuestionó las mismas ayudas en Vizcaya añadieron: "El que pueda existir otra sentencia aparentemente contradictoria en asunto similar obedecerá a que las partes hayan empleado distintos argumentos [...] pues el tribunal resuelve en cada caso sobre la base de lo que se le plantea". El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebatió asimismo algunas declaraciones de los responsables forales, que criticaron la filtración del fallo y la rapidez con la que se ha resuelto el recurso. Los magistrados señalaron que desde que se dictó la sentencia el pasado 29 de enero "era pública". Tramitación preferente El Gobierno central interpuso un recurso contencioso-administrativo contra los incentivos fiscales en Guipúzcoa el 27 de febrero de 1998 que se ha tardado en fallar algo menos de un año. Según explicaron los jueces, la "celeridad" del fallo se debe a un acta del pleno del Tribunal Superior del País Vasco celebrado el 28 de enero de 1998, en el que se decidió que "los decretos, normas forales y ordenanzas se consideraban asuntos de tramitación preferente". Junto a los magistrados, se pronunciaron ayer también los partidos no nacionalistas. El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, exigió al Gobierno vasco y a las Diputaciones forales "más racionalidad y autocrítica". Buesa defendió que la soberanía fiscal vasca "no consiste en utilizar la capacidad normativa al margen de la legalidad española y comunitaria, ni ampara decisiones abusivas e injustas para otorgar privilegios fiscales a determinados empresarios". El dirigente socialista rechazó que exista "conspiración alguna contra el Concierto Económico" y arremetió contra la propuesta lanzada por Josu Jon Imaz de establecer un pacto con el Gobierno central para salvaguardar la soberanía fiscal vasca. "No se trata de blindar mediante un pacto político la posibilidad de actuaciones arbitrarias y de privilegios fiscales" defendió el dirigente del PSE, quien añadió que "hay que ejercer nuestra capacidad fiscal de modo sensato y razonable". En la misma línea, Ramón Rabanera, portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, acusó a los nacionalistas de "estirar al máximo" los límites de la legalidad, lo que produce "un riesgo y una inseguridad jurídica de la que no pueden lamentarse continuamente [...]", y de "despertar la confrontación de los alaveses y los vascos con el resto de los españoles". Por su parte, el grupo IU-EB presentó en el Parlamento de Vitoria una proposición no de ley que reafirma la vigencia del Concierto y que reclama que se respete el ámbito competencial vasco, sin "cuestionarse ni judicializarse". Entre las filas nacionalistas, destacaron ayer las palabras del diputado vizcaíno de Hacienda, Fernando Olmos, quien mostró su temor a que algún juez esté "trabajando a golpe de silbato desde Madrid". Olmos calificó de "sorprendente" el fallo que anula los créditos fiscales a las grandes inversiones en Guipúzcoa y volvió a pedir al Gobierno central que retire todos los recursos contra las normas tributarias vascas.