Obra pública sin sospecha

"Ha acabado una época en el departamento de Obras Públicas". El consejero José Ignacio Palacios no puede ocultar su satisfacción por los resultados de su tercer informe anual sobre adjudicaciones de obra pública en Navarra, la correspondiente a 1998. Con una desviación anecdótica de apenas un 4,9% sobre los presupuestos de adjudicación, Palacios ha conseguido desterrar la imagen de corrupción y derroche que en anteriores legislaturas acompañó a las grandes obras de infrestructura encargados por este departamento y ha superado con creces el objetivo marcado para el final de legislatura, considerado razonable, y que era de un 10% de incremento. Hace apenas dos años la desviación media de los contratos era todavía del 38%, y poco antes, el incremento de precios, ligado en su origen a las grandes tramas de corrupción desveladas con el caso Urralburu y la presencia del consejero Antonio Aragón en Obras Públicas, era tan escandaloso que llegó a alcanzar el 95% de desviación en dos de los tramos de la autovía de Leizaran (Pamplona-Andoin); el 33,3% de media en las obras de la autovía de Sakana (Pamplona-Alsasua) e incluso el 33% sobre precio de adjudicación en los túneles de Belate, con sobrecostos de hasta el 43% en la asistencia técnica del proyecto. Tal descontrol costó muchos miles de millones de pesetas a las arcas públicas de Navarra (sólo en 1996 la desviación ascendió a 5.350 millones), sirvió para encubrir el cobro de cientos de millones en comisiones ilegales pagados como peaje por las grandes empresas adjudicatarias y, lo que es peor, perjudicó en ocasiones la calidad y seguridad de las obras y manchó el nombre de los técnicos del departamento, cuya cúpula pasó del despacho técnico a frecuentar los juzgados de Instrucción y a declarar en las comisiones de investigación abiertas al respecto. José Ignacio Palacios, consejero de Obras Públicas del Gobierno de UPN-PP desde finales de 1996, se ha sacado ahora la espina. Cuando esta semana compareció públicamente para dar a conocer a una comisión parlamentaria el informe sobre liquidación de contratos de 1998, en el que se demuestra que el control del gasto en la gran obra pública es, por fin, exhaustivo y transparente, realizó una encendida defensa de la honestidad de sus subordinados: "Las medidas de choque que adoptamos al tomar posesión, hace menos de dos años y medio, han dado resultado", afirma Palacios, quien añade: "Teníamos razón cuando apostamos por los funcionarios y los técnicos del departamento, que era un personal que estaba totalmente denostado por la sociedad de la Comunidad Foral". El pasado año se contrataron obras públicas por valor de 10.260 millones y se acabó pagando 10.770. Con las desviaciones clásicas de legislaturas anteriores, se hubieran abonado a las constructoras 14.119 millones. Cambio de adjudicación José Ignacio Palacios no tuvo más que hacer caso a los informes emitidos en todo este tiempo por el órgano fiscalizador de Navarra, la Cámara de Comptos. Un poder independiente que, liderado por su anterior presidente, Francisco Javier Tuñón, denunció con fuerza la corrupción desde sus inicios sin que el poder político parlamentario se diera por aludido cuando aún estaba a tiempo. Tras modificar el sistema de adjudicación de obras, aplicando criterios "objetivos y transparentes" en palabras del consejero y realizando un verdadero seguimiento de todas las obras para que también los grandes proyectos se ajustaran a sus presupuestos de contratación, el departamento redujo al 14% el margen global de desviación en 1997 y a un insignificante 4.9% en el pasado año. No ha habido fórmulas mágicas. Simplemente se han estudiado los proyectos para constatar que están bien hechos y se han repasado las alegaciones para ajustar las reformas precisas en el día a día de la obra en condiciones ventajosas. Ha habido verdadera "dirección de obra" y una eficaz gestión, dice Palacios. En los últimos 24 meses el departamento de Obras Públicas de Navarra ha contratado por importe de 34.000 millones, una cifra muy elevada que equivale a la suma de contratos de los periodos más calientes de la corrupción, de 1992 a 1996.