Ninguna comunidad autónoma ejerce este año su capacidad para variar la tarifa del IRPF

La capacidad que tienen las comunidades autónomas para subir o bajar un tramo de la tarifa del IRPF no ha sido ejercida de cara a 1999 por ninguna de las que aplican este modelo; es decir, todas menos Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, así como el País Vasco y Navarra, con un régimen diferente. Las demás, y no todas, se han limitado a establecer algunas deducciones adicionales. El periodo electoral que se abre y unos recursos que aumentan el 10,7%, frente al 4,6% del sector estatal, desincentivan un ejercicio a fondo de la corresponsabilidad fiscal.

El debate sobre la financiación autonómica se mide más en términos políticos que de realidades prácticas. Al menos, es lo que refleja la aplicación del actual sistema de financiación autonómica (1997-2001) que pretendió desarrollar la corresponsabilidad fiscal y que, por diversos motivos, se ha quedado en un oscuro ejercicio contable.La corresponsabilidad consiste, en esencia, en que los ciudadanos que pagan sus impuestos sepan que una parte de su esfuerzo fiscal va a parar a su territorio. Para ello, la Administración central cede a las comunidades el 15% de la tarifa del IRPF, ampliable al 30% cuando todas ellas tengan trasferido Educación.

Además y como expresión del autogobierno, se permite a las comunidades subir o bajar esa parte de la tarifa que tienen atribuida y así aumentar o disminuir sus ingresos. Esto tiene un límite del 20%, de forma que la cuota a pagar no sea inferior o superior en ese porcentaje a la cantidad que resultaría de aplicar el 15% de la tarifa estatal cedida sin modificación.

En los tres años de andadura del nuevo sistema, ninguna comunidad autónoma ha ejercicio esta competencia. El primero, porque cuando entró en vigor (enero de 1997) ya se habían aprobado los presupuestos de las comunidades. En los dos años posteriores (1998 y 1999), los parlamentos regionales tampoco han introducido estas modificaciones en la parte del IRPF que les corrresponde.

Economía y política

Únicamente han aprobado algunas deducciones adicionales a las estatales. En el caso de Cataluña, por ejemplo, cuyo Gobierno reclama ahora al menos un 50% del IRPF, únicamente se ha establecido para 1999 una deducción adicional de 25.000 pesetas por cada hijo a partir del segundo, según datos recogidos por la Agencia Tributaria. También tienen mayores deducciones por hijos Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia.Por ascendientes y minusvalidos aplican mayores deducciones Castilla y León, Baleares, Madrid y Valencia. La compra de vivienda está primada en Valencia, Murcia y La Rioja. Los donativos también tienen mayores deducciones en Castilla y León, Madrid, Murcia y Valencia. Este sistema de corresponsabilidad se aplica en todas las comunidades, salvo las gobernadas por el PSOE -Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha- y con la excepción del País Vasco y Navarra que tienen competencias para regular todo el IRPF.

En contra de lo que ocurre con el IRPF, donde las modificaciones son mínimas, en el resto de los tributos cedidos (patrimonio, sucesiones y transmisiones patrimoniales), las comunidades han ejercido de manera más decidida sus competencias, aunque son impuestos de muy inferior capacidad recaudatoria.

El hecho es que todos los factores que podrían inducir a las comunidades a exigir mayores impuestos a sus ciudadanos están bastante neutralizados. La razón básica es económica -aunque también política- ya que, a juzgar por las previsiones oficiales, las comunidades recibirán este año 2,9 billones de pesetas del Estado, un 10,7% más que el año anterior.

Frente a este 10,7%, el presupuesto consolidado del Estado (Estado, Seguridad Social, organismos autónomos y otros) se eleva a 29,5 billones y crece un 4,6%. Aquí se incluyen las trasferencias a las comunidades, una de las partidas que más crece.

Hay que tener en cuenta que este año las comunidades de Aragón, Baleares y La Rioja han asumido competencias en Educación, por lo que sus recursos aumentan muy por encima de la media (ver cuadro). Igualmente, hay que establecer algunas salvedades en cuanto a los resultados previstos de la cesión del IRPF que, a efectos del reparto, se dividen en dos partes. La primera hace referencia a la tarifa complementaria que es el actual sistema de corresponsabilidad fiscal y la segunda es la participación en los ingresos territoriales, que no todas las comunidades aplican en su totalidad por no tener competencias de gasto suficientes.

En el primer caso están todas las comunidades menos las tres gobernadas por el PSOE y en el segundo se encuentra, además de éstas, Madrid. La participación territorial en el IRPF para los casos de Aragón y Baleares crece de manera espectacular porque hasta este año tampoco tenían competencias suficientes.