El Servicio de Atención a las Víctimas cierra sus puertas por falta de ayuda oficial

El Servicio de Atención a las Víctimas (SAV), creado en 1995 con la bendición del decanato de los juzgados por tres psicólogas, una abogada y una trabajadora social, cerró sus puertas la semana pasada por falta de presupuesto. El servicio funcionaba en los juzgados de la plaza de Castilla y prestaba ayuda jurídica, psicológica y social a víctimas de delitos. Después de cuatro años de infructuosas negociaciones con el decanato y el Ministerio de Justicia para conseguir la financiación del servicio, sus integrantes han "tirado la toalla" porque no reciben salario. El Ministerio, por su parte, ha anunciado que "próximamente" abrirá una oficina con funcionarios para atender a las víctimas.

Las profesionales que trabajan en el servicio aseguran que en múltiples ocasiones recibieron promesas tanto del Ministerio de Justicia como del decanato en el sentido de que su situación iba a oficializarse y "recibirían financiación". De hecho, en dos ocasiones el Ministerio de Justicia, primero a través del Inem y luego de una empresa de trabajo temporal, les hizo contrato. "Llevamos trabajando cuatro años y sólo hemos recibido un salario simbólico durante diez meses interrumpidos", asegura Mar Calle, psicóloga del servicio.Tras la aparición en diciembre de 1995 de la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas, el Ministerio realizó un convenio con el servicio, mediante el cual les cedió el mobiliario y una oficina en la sede de los juzgados de la plaza de Castilla. El Ministerio también solicitó al servicio una asesoría para la difusión de la ley, su desarrollo reglamentario y la implantación de oficinas. "Desde el primer momento se mostraron muy interesados en nuestro trabajo, porque sobre ese tema no había nada y nuestra oficina era pionera en Madrid", comenta Mar Calle.

En cuatro años de funcionamiento la oficina ha prestado asistencia piscológica, judicial y social a aproximadamente 2.000 personas entre visitas y llamadas telefónicas. El mayor número de casos corresponde a malos tratos, seguido por robos. También han atendido pleitos matrimoniales, cuestiones de propiedad, arrendamientos, interpretación de cláusulas contractuales y problemas de comunidades de vecinos. Muchos casos llegaron al servicio remitidos desde las comisarías, otros procedían de llamadas recibidas a partir de los carteles colocados en sitios estratégicos.

La historia del Servicio de Atención a las Víctimas se remonta a 1995. Fue una idea de las psicólogas Mar Calle, Amparo Martínez y Asunción Calle, la abogada Mari Luz Hernández y la trabajadora social Belén Imedio. "Nosotras presentamos el proyecto a la entonces decana de los juzgados, Manuela Carmena, y ella lo recibió muy bien. Gracias a su gestión se hizo el convenio con el Ministerio de Justicia y nos cedieron la oficina en la sede de los juzgados", asegura Mar Calle.

Desde su creación, el SAV contó con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y del decanato de los juzgados, pero nadie se hizo cargo del sueldo de las profesionales. Hasta el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, comunicó, mediante una carta, su "máximo interés" en el asunto. Eso fue en 1996.

El año siguiente, relatan Mar Calle y Belén Imedio, cansadas de buscar subvenciones sin respuesta alguna, recibieron del decano de los juzgados, Fernando Fernández Martín, la noticia de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ayuntamiento y la Comunidad para poner en marcha la oficina de manera oficial.

"Seguimos con el servicio porque a través del decanato se nos hizo creer que en algún momento nuestro trabajo iba a ser reconocido debidamente", explica Belén Imedio, la trabajadora social. Y prueba de ello, añade Mar Calle, es que el servicio aparece reseñado en un boletín expedido en 1995 sobre la asistencia y ayudas ofrecidas por el Estado a las víctimas de delitos. El reconocimiento para el SAV, no obstante, se limitó a breves reseñas documentales. En la última reunión que sostuvieron con el actual decano de los juzgados, Fernando Fernández Martín, según afirma Mar Calle, éste les comunicó que el convenio para la creación legal de la oficina de atención a la víctima seguía paralizado por parte de la Comunidad, hecho que no fue confirmado por el Gobierno regional.

El Ministerio de Justicia reconoce que pagó en dos ocasiones a este servicio. Pero asegura que lo puso en marcha el decanato. "El que prestaban éstas chicas era un servicio irregular. El Ministerio pondrá próximamente sus oficinas de manera oficial", afirma un portavoz.

Y el futuro de las profesionales del servicio, dependerá, según justicia, "de la decisión del decanato". Pero el juez decano argumenta que no "es su decisión". Sí reconoce que la idea siempre fue "integrar" al servicio con la oficina que debe instalar el Ministerio. "A mí me parece que ellas no deberían enfadarse porque no continúen. De todas maneras, no deberían tirar la toalla", indica.

La semana pasada Mar Calle y Belén Imedio recogieron los expedientes que han guardado durante estos cuatro años y abandonaron la oficina. "Total, ya no vale la pena. Ya sabemos que nuestro trabajo no va a ser reconocido".