Tormenta política en Lleida por la basura de Tarragona que va al vertedero municipal

El traslado irregular de miles de toneladas de basura de la comarca tarraconense de la Conca de Barberà al vertedero municipal de Serrallarga ha desatado una gran tormenta política en el Ayuntamiento de Lleida, gobernado en coalición por el PSC e IC-EV. La oposición ha aprovechado la presunta ilegalidad cometida por la empresa Seinsa, concesionaria de la recogida de basuras de Lleida, para solicitar la dimisión del alcalde, el socialista Antoni Siurana.

En un pleno extraordinario celebrado ayer a petición de CiU, el PP y ERC, el equipo de gobierno rechazó crear una comisión especial integrada por todos los partidos representados en el consistorio para esclarecer la llegada al vertedero municipal en los últimos tres años de unas 12.000 toneladas de basura de la Conca de Barberà sin autorización del Ayuntamiento de Lleida. La propuesta de la comisión investigadora fue presentada por el concejal de ERC Xavier Sáez, quien el día 4 denunció los vertidos ilegales. El equipo de gobierno votó en contra al considerar que no se ajustaba a la legalidad, ya que es incompatible con la instrucción del expediente administrativo que se le ha abierto a Seinsa y que podría acabar con una multa millonaria y con rescisión del contrato si el instructor califica la infracción como grave o muy grave. En cambio, todos los grupos acordaron convocar con urgencia la comisión de seguimiento del servicio de basuras. Al tiempo que se tramita el expediente administrativo, la fiscalía de Lleida ha abierto diligencias para investigar las presuntas acciones delictivas de Seinsa, a la que ERC acusa de un delito de falsedad de documentos y de defraudar 19 millones de pesetas al Ayuntamiento de Lleida y 40 millones al consejo de la Conca de Barberà. En la última comisión de seguimiento y control de la concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, Enric Castells, responsable de Seinsa y persona de confianza del alcalde Siurana, acabó reconociendo el vertido de 7.287 toneladas de basura no autorizada en Serrallarga durante 1997 y 1998, cuando inicialmente sólo admitió que fueron 500. Castells ocultó su doble condición de delegado en Tarragona y Lleida de Focsa, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras en la Conca de Barberà. Seinsa y Focsa son filiales de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Siurana contestó a las críticas asegurando que ni él ni nadie de su equipo sabía que Seinsa usaba indebidamente el vertedero municipal en beneficio propio.