Un robo de 18 millones de hectáreas

Brasil se ha tomado en serio su batalla contra los caciques de la Amazonia y la deforestación ilegal que padece esta zona, que constituye uno de los pulmones del planeta. La campaña lanzada por el ministro de Medio Ambiente, José Sarney, que paralizó la concesión de nuevas licencias de deforestación en la selva y prometió revisar las ya existentes, comienza a dar sus frutos.El ministro de Reforma Agraria, Raúl Jungamn, cifró ayer en 18 millones de hectáreas (una superficie similar a la de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana juntas) los terrenos del Estado de la Amazonia tomados ilegalmente por los grandes propietarios rurales.

La cifra no es definitiva. Constituye el primer dato seguro y comprobado de la investigación que lleva a cabo el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para impedir la adquisición fraudulenta de tierras para su deforestación.

Según el citado instituto, órgano dependiente del Gobierno central brasileño, existen otros 29 millones de hectáreas de tierra (tres cuartas partes del territorio español, aproximadamente) adquiridas ilegalmente en los 26 Estados del país suramericano.

La movilización del Gobierno brasileño se produjo tras conocerse que un solo hacendado, Cecilio do Rego Almeida, había comprado, supuestamente de forma ilegal, un territorio en la Amazonia de siete millones de hectáreas (la superficie de Holanda y Bélgica juntas). Ceciliolandia, como se conoce popularmente a tan soberbio latifundio, está surcada por 28 ríos y en ella habitan varias tribus indígenas, además de albergar la mayor reserva de caoba del mundo, valorada en casi un billón de pesetas.

El Gobierno pretendió echar un velo de silencio sobre tan escandaloso caso, destapado por la revista Veja, el semanario de información más serio del país. Sin embargo, el eco internacional de la noticia obligó a las autoridades a tomar medidas de urgencia en defensa de territorios tan valiosos.

Por el momento, el Gobierno ha conseguido recuperar sólo 1,3 millones de hectáreas de la Amazonia que habían sido compradas irregularmente. No es mucho, pero al menos ha permitido asentar en dicho territorio a 25.000 familias sin tierra. Con todo, es un logro mínimo. Según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, desde 1978 han sido devastados en la Amazonia cerca de 540.000 kilómetros cuadrados, lo que supone el 13,7% de toda la selva de dicho Estado.

El método por el que los caciques locales consiguen los títulos de propiedad sobre terrenos incontrolados es sencillo. Obtienen los documentos con la complicidad de funcionarios y políticos locales corruptos. Jamás figuran como grandes latifundistas, pues dividen sus tierras en numerosos títulos de propiedad, a los que es muy difícil seguir la pista. El siguiente paso consiste en disponer de una fuerza paramilitar que vigile el territorio.

Se trata de un mecanismo perverso denunciado durante años, con riesgo para su vida, por el obispo catalán de Matto Grosso, Pedro Casaldáliga, propuesto ya en varias ocasiones para el Nobel de la Paz. El ministro Sarney se ha declarado partidario de recurrir al Ejército para atajar el fraude y poder recuperar los territorios usurpados por los caciques.

El conocimiento de los abusos de los terratenientes también está dando nuevas armas y argumentos al movimiento izquierdista de los Sin Tierra, cuyos miembros ocupan terrenos sin cultivar y las ceden a indígenas desplazados y gente sin recursos.

Estas acciones provocan serios conflictos, a veces armados, con las fuerzas de seguridad del Estado. En algún caso ha habido muertos. La opinión pública brasileña está cada día más de su lado.