Mariscal de Gante promete inversión suficiente para la Ley Penal del Menor

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, prometió ayer en el pleno del Congreso de los Diputados que el Estado hará una inversión suficiente para aplicar las medidas resocializadoras que contiene el proyecto de Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, que presentó ante la Cámara. Las enmiendas de totalidad del PSOE y Nueva Izquierda (NI), que pedían la devolución del texto al Gobierno por falta de un cálculo preciso de medios, fueron derrotadas por los votos del PP y los nacionalistas.

Mariscal de Gante, que intervino poco después de las nueve de la mañana ante un hemiciclo semivacío, se anticipó a las críticas de la oposición y reconoció que la aplicación de la futura ley exigirá "un esfuerzo presupuestario coordinado del Estado y las comunidades autónomas".Por lo que se refiere al Estado, prometió inversión suficiente para dotar las necesarias salas de menores, así como el personal preciso. Recordó que la ley tardará un año en entrar en vigor para permitir las inversiones y la especialización de jueces y fiscales.

La ministra reconoció que "tras un joven infractor, siempre hay un fracaso humano" y, en consecuencia, admitió que el núcleo de la nueva regulación, junto a la reparación del daño que produzcan los menores, es la resocialización y reeducación de los delincuentes juveniles, lo que exige medios económicos.

Para Mariscal de Gante, las medidas alternativas al internamiento de los menores -por un máximo de cinco años- son la parte más innovadora de la ley, y entre ellas destacó la libertad vigilada, la convivencia con una familia o los trabajos en beneficio de la comunidad.

Discriminación positiva

Álvaro Cuesta, que impugnó en nombre del PSOE la totalidad de la ley, reprochó la equiparación entre adultos y menores y echó en falta "una discriminación positiva para defender la situación del menor". Criticó que la ley no fuera una prioridad para el Gobierno del PP, a pesar de su urgencia y aseguró que es una ley imposible porque sólo prevé una inversión de 4.786 millones de pesetas, cuando CiU para Cataluña estima necesarios 6.000 millones, y una comunidad pequeña como Asturias, más de mil millones.

Cuesta criticó la dureza de la ley por dar demasiada importancia a la gravedad de los hechos y la reincidencia y porque "criminaliza la pobreza", al no tener en cuenta la delincuencia en todos los sectores sociales.

En la defensa de la enmienda a la totalidad de Nueva Izquierda, Cristina Almeida criticó el escaso protagonismo de sociólogos y psicólogos, y pidió que jueces y fiscales puedan inspeccionar los centros de internamiento de los menores. Estimó excesivo privar de libertad a quienes tienen 13 años.

Por el PP, María Bernarda Barrios aseguró que el debate parlamentario puede mejorar un proyecto que, en todo caso, impedirá que los jóvenes de 16 a 18 años sigan yendo a la cárcel. Recordó que el PSOE no hizo una ley que ahora critica por tardía.

Pablo Castellano anunció el voto favorable de IU a las enmiendas a la totalidad y reprochó al proyecto de ley sus medidas represoras y su terminología hipócrita, ya que, en definitiva, "adelanta la penalización a los 13 años" cuando, tratándose de menores, la respuesta no debe ser penal, sino social. El apoyo nacionalista al PP derrotó las enmiendas, que tuvieron 133 votos a favor y 168 en contra. A partir de ahora se tramitará la ley.