El PP y la izquierda enfrentan sus modelos de justicia en el debate de la ley procesal civil

El debate de totalidad del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil enfrentó ayer en el pleno del Congreso de los Diputados dos modelos diferentes de jueces y justicia: el del PP, que da prioridad a la protección del crédito, admite la privatización de las pruebas periciales y asigna al juez un papel pasivo, de mero redactor de la sentencia, y el de la izquierda, que propone una intervención mayor del juez y del secretario en un proceso civil oral y defiende la igualdad de las partes. Prosperó el primero de ellos, ya que los votos nacionalistas permitieron la derrota de las cinco enmiendas a la totalidad.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, en la presentación del proyecto de ley, se apresuró a asegurar que el texto a debate no es para los profesionales de la justicia, sino "para los litigantes de los procesos civiles" y puso como ejemplo que más del 50% de los créditos se dan por perdidos en las pequeñas empresas. El proyecto de ley permitirá "un mayor apremio a los deudores morosos, al establecer medidas efectivas para que las resoluciones que condenen al pago de una deuda se cumplan".Mariscal de Gante criticó a quienes critican el proyecto de ley y aseguró que el Gobierno cuenta con el apoyo tanto parlamentario como profesional de "casi todos para una ley que es para todos y no contra nadie". Destacó la ayuda de "cualificados colaboradores directos" y aseguró contar con el acuerdo de sectores importantes de usuarios, abogados, procuradores, magistrados y secretarios. Resaltó que en el procedimiento monitorio no se exige abogado, lo cual abarata el coste del proceso, y se mostró abierta a mejorar el proyecto durante su tramitación parlamentaria.

Perjuicio a los débiles

Los portavoces del Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, Eusko Akartasuna, Nueva Izquierda y PSOE defendieron sus respectivas enmiendas a la totalidad que finalmente fueron rechazadas con 133 votos favorables y 168 en contra (los del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria). En general, estimaron que la ley perjudica a los más débiles, no soluciona la lentitud de la justicia y carece de apoyo social, aparte del prestado por los catedráticos de Derecho Procesal, a los que, como dijo Cristina Almeida (de NI), "no veo en los juzgados". Pablo Castellano, por IU, señaló que el juez de esta ley "no es acorde con el artículo 9 de la Constitución, que exige a los poderes públicos, y el juez lo es, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva".

La intervención más descollante fue la del portavoz socialista y ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, para quien el proyecto de ley es "poco innovador, ambiguo, confuso, neoliberal y hasta confesional".

Belloch aseguró que propone "un modelo de juez del siglo XIX, no del XXI", deja en más de 50 los procedimientos civiles, a alguno de los cuales le calculó una duración de 554 días, a pesar del acortamiento de los plazos, que no estimó solución aceptable para acabar con las dilaciones.

El ex ministro socialista explicó que, a pesar de lo que diga la exposición de motivos, el articulado vulnera los principios de oralidad e inmediación. Resaltó la "privatización de la prueba pericial" y la desigualdad de armas, ya que, al permitir en determinados procesos pleitear sin abogado ni procurador, "el que no tenga dinero no utilizará a estos profesionales", mientras que sí lo hará el pudiente económicamente, con la consiguiente diferencia.

Tinte confesional

Belloch se refirió también a lo que denominó "tinte confesional" del proyecto de ley cuando señaló que "se ha olvidado de las parejas de hecho y de los hijos extramatrimoniales".

En cuanto al denominado "tinte neoliberal" destacó el precepto que permite que cada cual se pague el peritaje y que "el juez contemple impertérrito el combate procesal sin poder intervenir, para al final dictar una sentencia sobre el material escrito que se ha ido colocando en su juzgado". Respecto a la presencia del juez en las declaraciones, admitió que la ley prevé que su ausencia puede llevar a la anulabilidad de las actuaciones, siempre que el abogado lo alegue. Belloch calificó de "heroísmo civil que un abogado le señale a un juez que no ha cumplido su obligación". Belloch concluyó: "La ley nacerá vieja y tendremos que derogarla cuando volvamos al Gobierno".

Por el PP, Andrés Ollero contestó a todos los enmendantes, y reprochó especialmente a los socialistas que durante 14 años de Gobierno no hubieran encontrado tiempo para hacer la ley. Calificó de corporativas las críticas al proyecto de ley y acusó a Castellano de haber utilizado para la enmienda de IU un texto de Jueces para la Democracia que ya está anticuado. Negó que el modelo de juez deba ser el de la progresía del 68, dedicado a "igualar a los ciudadanos desiguales".