El informe que evalúa el Sistema Universitario de Cataluña evita la comparación entre los centros

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña presentó ayer su primer informe sobre el proceso de evaluación de la enseñanza superior con datos de 1996-1997 de un total de 44 centros. La voluntad de evitar cualquier idea de clasificación entre las universidades catalanas, sin embargo, ha impedido que el informe ofrezca suficientes elementos para valorar comparativamente los fallos y virtudes del sistema. Según la directora de la agencia, Gemma Rauret, se facilitará a cada universidad y de forma exclusiva un informe con propuestas específicas.

El argumento de mayor peso esgrimido ayer por los autores del informe fue el de la disparidad de los datos de cada universidad, al estar elaborados con criterios diferentes en cada una de ellas, lo que los hace imposibles de comparar. Un problema que evidencia la novedad de esta iniciativa, pionera en España, y la necesidad, como explicó Rauret, de crear una cultura dentro del mundo académico que interiorice la necesidad de las universidades de mostrarse a la sociedad, lo que dará su fruto en futuras evaluaciones. Sin embargo, Antoni Serra Ramoneda, presidente del consejo de dirección, lo justificó indicando que su trabajo "no es de cara al público". "Nosotros damos los datos a la Generalitat y es el comisionado el responsable de facilitar esta información", dijo. La Agencia está compuesta por la Generalitat y las siete universidades públicas catalanas. Las conclusiones del informe son genéricas, pero aun así ponen al descubierto algunos de los problemas más importantes del actual sistema universitario. En más de la mitad de las titulaciones evaluadas destaca el exceso de carga lectiva para los estudiantes -y también para los profesores-, lo que genera acumulaciones de créditos por semestre y la sensación entre los alumnos de encontrarse permanentemente en una especie de carrera hacia los exámenes. También destacan las quejas sobre la excesiva fragmentación de las asignaturas y la inadecuada adaptación de los programas de las asignaturas anuales a los sistemas semestrales o cuatrimestrales, un efecto que se hace más patente en las asignaturas troncales que se impartían en los planes de estudios anteriores. La carga lectiva, sugiere el informe, debería adecuarse a sus posibilidades reales de aprendizaje. Otro de los defectos detectados es la "excesiva focalización de la formación en la adquisición de conocimientos, descuidando otros aspectos". Es necesario, dice el documento, "mejorar la coordinación de horarios para compatibilizar las diferentes asignaturas optativas y revisar los planes de estudios y el grado de cumplimiento de objetivos de las titulaciones". Se constata asimismo un bajo rendimiento académico en las asignaturas matriculadas y no presentadas a examen y en las no aprobadas en el tiempo previsto por el plan de estudios. Otra de las tareas pendientes que descubre el estudio es la concreción de las tutorías personalizadas que ya establece la LRU. Entre los aspectos positivos se cuentan la adopción de modelos participativos de gestión; el incremento de los recursos materiales y el uso de políticas de formación y profesionalización del personal administrativo y de servicios. También se valora una demanda "razonablemente alta" en la mayoría de enseñanzas ofrecidas. Los alumnos consideran que el profesorado mantiene una buena actualización científica y también es positiva su opinión sobre las clases, si bien critican un exceso de clases magistrales, en detrimento de otros procedimientos pedagógicos de tipo más práctico.