El Congreso aprueba que la condena por maltrato sea causa inmediata de divorcio PSOE y NI votaron en contra de la medida

Los malos tratos serán causa automática de divorcio. La decisión la tomó ayer el pleno del Congreso, que aprobó dos propuestas del Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) en este sentido. Pero esto no significa un divorcio inmediato, ya que ambos textos exigen como requisito previo que el cónyuge haya sido condenado o procesado por los jueces. Esta circunstancia provocó el rechazo del PSOE y de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya (NI-IC), únicas formaciones que votaron en contra, y de varias asociaciones de mujeres. Los grupos políticos que votaron a favor fueron el PP (de los miembros del Gobierno sólo estuvo presente el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos), CiU, IU, PNV, Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego.La propuesta del PP modifica dos artículos del Código Civil para recoger los malos tratos como causa de divorcio. Y lo hace siguiendo una de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, sobre la violencia doméstica. El problema, según aseguraron desde el PSOE y NI-IC, es que exige para acogerse a este supuesto que el marido haya sido condenado por sentencia firme por un delito o una falta relacionada con los malos tratos, lo que exige tiempo en los tribunales.

De esta forma, se obliga a las mujeres maltratadas a iniciar un juicio penal y que éste se resuelva antes de iniciar los trámites del divorcio, lo que puede alargarse de uno a tres años, según las asociaciones de mujeres. El Código Civil contempla ya la posibilidad de solicitar el divorcio cuando ha pasado un año desde la separación legal, o dos desde que los cónyuges dejaron de convivir, situaciones a las que podría acogerse una víctima de la violencia doméstica.

"Aberración jurídica"

La diputada socialista Cristina Alberdi calificó las propuestas de "aberración jurídica", una expresión que ya habían utilizado las asociaciones de mujeres que, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, pidieron el lunes la retirada de las proposiciones de ley. Para ellas hay otros aspectos criticables de la propuesta. Por ejemplo, que el juez pueda pedir un examen psiquiátrico del agresor antes de dictar las medidas provisionales -uso de la vivienda familiar, régimen de visita de los hijos, si es que los hay, entre otras-, lo que retrasaría aún más el proceso.

Según Alberdi, la precipitación con la cual el PP ha llevado el texto a la Cámara Baja responde a "razones propagandísticas" más que prácticas. La diputada socialista recordó que la medida ni siquiera estaba recogida entre las iniciativas legislativas del Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, aprobado por el Gobierno en abril de 1998.

Los socialistas intentarán modificar el texto a través de enmiendas, ya que la tramitación parlamentaria de la propuesta del PP e IU no ha hecho más que comenzar. La portavoz de NI-IC, Cristina Almeida, pidió una reforma integral de la legislación sobre el divorcio.

Desde los bancos populares, María Bernarda Barrios recriminó a la oposición que se limitara a rechazar la propuesta sin presentar un texto alternativo.