Desafío franco-alemán a España en la UE

Habilidosa trampa. A España le podría costar muy cara una defensa numantina exclusiva del Fondo de Cohesión. Francia y Alemania se han mostrado dispuestas, en discretas negociaciones bilaterales, a conservar el emblemático fondo para el período 2000-2006, e incluso a aumentarlo. A condición de que acepte una rebaja general en todos los demás fondos estructurales y su reorientación de manera que se favorezca a las regiones pobres de los países prósperos en detrimento de las regiones pobres de los países pobres.A las pérdidas económicas que implica la operación -entre un cuarto de billón de pesetas y dos billones, según se cuente-, porque el Fondo de Cohesión supone sólo el 16,8% del total de transferencias estructurales que recibe España, hay que añadir el coste político. Si aceptase el trato el Gobierno español debería dejar en la estacada a sus aliados, Grecia y Portugal, que resultarían más perjudicados.

El énfasis casi exclusivo de la clase dirigente, la prensa y la opinión españolas en defensa del Fondo de Cohesión encierra un peligro. A saber, que acaben manteniéndose sus dotaciones, pero que se rebajen las transferencias derivadas de los demás fondos (Fondo de Desarrollo Regional, Fondo Social, FEOGA orientación), muchas más sustanciales para España.

París y Bonn han comprendido que, para el Gobierno de José María Aznar, la conservación del Fondo de Cohesión es políticamente trascendental. Por tres razones. Porque no puede renunciar a él, apareciendo como alguien que pierde lo que el presidente Felipe González consiguió a cara de perro en Edimburgo hace siete años -precisa-mente la dotación presupuestaria de ese fondo- y menos aún después de que el propio Aznar le criticara durante las negociaciones de aquella cumbre tildándole de "pedigüeño".

Porque, en segundo lugar, es un Fondo flexible en cuanto al destino territorial de sus recursos -no predeterminado por los niveles de riqueza de cada región-, lo que permite al Gobierno central compensar la menor ayuda europea que reciben comunidades ricas como Cataluña o el País Vasco, engrasando así, además, su alianza política con los nacionalistas.

Y porque, en tercer lugar, este Fondo sigue siendo válido en su objetivo fundacional: garantizar la continuidad inversora de los países pobres (con renta per cápita inferior al 90% de la media comunitaria), amenazada por el mayor esfuerzo relativo en sus presupuestos que deben realizar para mantener la convergencia nominal.

Y así, en las negociaciones de estos días, tanto públicas como reservadas, Francia y Alemania están utilizando el Fondo de Cohesión como rehén en la batalla financiera de la Agenda 2000 (las perspectivas presupuestarias de la Unión Europea para el septenio 2000-2006), que hoy marcará un hito en el cónclave de ministros de Asuntos Exteriores, preparatorio de la minicumbre de los Quince prevista para el próximo día 26 en Bonn.

París y Bonn han lanzado públicamente distintas ideas sobre el futuro del famoso fondo: suprimirlo para los beneficiarios que se hayan integrado en el euro; reducirlo progresivamente hasta su desaparición en el 2006; recortar los beneficios a medida que sus beneficiarios se acerquen al 90% de la renta media, frontera desde la cual se deja de tener derecho a percibirlo; reducir simplemente su importe... Todo eso ha estado o está en los documentos oficiales de la presidencia alemana.

Pero esos papeles de momento sólo valen a efectos tácticos y también para la galería. En la verdadera negociación, la subterránea -Madrid ha mantenido cinco contactos de alto nivel con Bonn; y otros tantos con París- ambas capitales, pero con mayor nitidez la francesa, han mostrado su disposición a mantener el Fondo.

Más sorprendente aún, algunos negociadores han ofrecido a España aumentar su dotación, "con lo que Aznar se apuntaría un gran tanto simbólico", según indicó a este periódico una fuente asociada a la negociación. A cambio, el Gobierno debería aceptar dos medidas. Primera, un drástico recorte general en todos los demás fondos: los 218.400 millones de euros para el septenio propuestos por la Comisión en su Agenda 2000 para el primer septenio del siglo XXI se rebajarían un 20%, a 173.000 millones.

Como España recibe una media del 22,5% del total transferido a los Quince por ese concepto (38.473 de los 170.945 millones de euros en el período 1994-1999, véase grafico), perdería por este concepto un total de 10.215 millones de euros (1,7 billones de pesetas en el período), más o menos lo que Grecia y Portugal juntas. Ese ahorro beneficiaría a los países contribuyentes netos, como Alemania.

La segunda medida, más compleja, es la eliminación del baremo de la prosperidad nacional para el reparto de los fondos entre los Estados miembros. Para atribuir las cantidades de los objetivos 1 y 2 (que subvencionan a las regiones con renta inferior al 75% de la media y a las que sufren declive industrial) se utiliza desde tiempo inmemorial una cesta de criterios: población, riqueza regional relativa, déficits estructurales... y riqueza nacional relativa, medida en producto nacional bruto (PNB), que pondera un 18%.

El factor PNB permite intensificar las ayudas a las regiones pobres de los países pobres (Extremadura) que a las pobres de los países ricos (los länder alemanes orientales), y su supresión beneficiaría, por tanto, a éstas última.

Es lo que proponen París y Bonn. "Interesa mantener el criterio, porque los países pobres tienen menos posibilidades que los ricos de ayudar a sus regiones menos prósperas, como lo demuestra la mayor intensidad de las ayudas de Estado a las regiones desfavorecidas en los países ricos", discrepó en declaraciones a EL PAÍS la comisaria de Fondos Estructurales, la alemana Monika Wulf-Mathies.

Traducido a cifras, la eliminación del baremo supondría un recorte para España de casi 2.800 millones de euros (466.000 millones de pesetas) en el septenio, de 5.000 para Grecia y de 4.000 para Portugal. Y un aumento de 4.000 millones para Alemania e Italia.

Entre el recorte general y la eliminación del criterio de prosperidad nacional, España perdería 13.015 millones de euros (2,16 billones de pesetas). Pero conservaría el Fondo de Cohesión. Si se dota con lo propuesto por la Comisión (21.000 millones de euros para el septenio) y teniendo en cuenta que España absorbe el 55% del total, obtendría 11.550 millones de euros, 1,9 billones en el septenio.

¿Pueden mezclarse ambas cifras? Según. El presidente Aznar ha dicho que defenderá hasta la última gota tanto el Fondo de Cohesión como el resto de los fondos estructurales. Y en las negociaciones oficiales, España se manifiesta en contra el recorte general, contra la eliminación del criterio de prosperidad nacional y por el mantenimiento íntegro de la propuesta de la Comisión para el Fondo de Cohesión.

Pero París y Bonn no están por esa labor. Argumentan que con su fórmula, la pérdida para España sería muy pequeña, de sólo 1.465 millones de euros (13.015 menos 11.550), o 244.000 millones de pesetas, y por tanto resultaría asumible cuando todos deben apretarse el cinturón.

Les inquieta más a París y a Bonn las elevadas ayudas otorgadas a los otros sureños, que representa el 3,18% del PIB para Grecia y el 3,5% para Portugal mientras que para España sólo suponen el 1,59%. Lisboa y Atenas saldrían, con las dos medidas propuestas, mucho más perjudicadas que Madrid, no sólo porque reciben proporcionalmente más de los fondos estructurales, sino también porque reciben menos del Fondo de Cohesión.

A la discusión económica se une pues la política. Aceptar la fórmula significaría romper el llamado frente de la cohesión o bloque de los pobres. Altos cargos de Hacienda y Exteriores sostienen que eso apenas importa porque "no hay que olvidar que Grecia y Portugal dejaron sólo a Felipe González en Edimburgo" en 1992 y porque "ya se les comprará con otras compensaciones".

Otros discrepan: "No dejaremos a portugueses y griegos en la estacada, España no puede renunciar a su papel político en la UE, que es liderar el Sur".