Temor en Cuba a que la nueva ley entierre todo atisbo de oposición
La resaca de preocupación que ha dejado la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada el martes por el Parlamento e inmediatamente criticada por la disidencia y rechazada por la Iglesia, se extendió ayer a medios diplomáticos y de prensa extranjera. Existe el temor de que la nueva legislación, que establece sanciones de hasta 20 años de cárcel para aquellos que colaboren con EEUU, sea un instrumento para reprimir y enterrar cualquier forma de oposición o crítica.
El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, trató el miércoles de apaciguar los ánimos de un centenar de periodistas extranjeros, que le preguntaron cómo iba a afectar a su trabajo la nueva ley.En virtud a la mencionada legislación, ¿puede ser condenado a 20 años de cárcel un corresponsal que busque información o publique un artículo que luego sea empleado por otro para facilitar la aplicación de la ley Helms-Burton?
Alarcón afirmó que, en principio, no. La ley aprobada por el Parlamento cubano, dijo, no está diseñada ni dirigida contra la prensa extranjera, sino contra aquellos que le hacen el juego al Gobierno de EEUU y colaboran con su política de guerra económica y subversión contra la isla. Sin embargo, subrayó Alarcón, tanto los ciudadanos cubanos como los extranjeros que residen en la isla están obligados a cumplir las leyes cubanas.
"La verdadera oposición al Gobierno cubano es Estados Unidos", afirmó Alarcón, después de asegurar que los disidentes, activistas de derechos humanos y periodistas independientes son peones de la "política anticubana de Washington" y contra ellos fundamentalmente va dirigida la nueva ley.
El presidente del Parlamento cubano arguyó que las leyes de EEUU también restringen el contacto de los norteamericanos con Cuba, e informó que en el último año 379 ciudadanos estadounidenses han sido multados por viajar a la isla. "¿Por qué sólo se fijan en nuestras leyes, que sólo son respuesta a las de Estados Unidos, el país que desde hace 40 años trata de agredir y derrocar a la revolución cubana?".
Los argumentos de Alarcón no dejaron satisfechos a los periodistas, ni tampoco a muchos diplomáticos extranjeros, que se preguntan por qué el Gobierno ha decidido ahora endurecer la política contra la disidencia, justo cuando se confiaba en una mayor apertura de la isla en un año en que las autoridades cubanas recibirán a los Reyes de España y a los jefes de Estado de Iberoamérica.
"Lo más preocupante es la voluntad que refleja la ley en sí misma, con independencia de si se aplica o no", comentó un diplomático europeo. "Entre sus disposiciones, el mero hecho de reunirse o manifestarse está penado si las autoridades o los tribunales consideran que las personas que lo hacen están colaborando con Estados Unidos", señaló el diplomático.
Esta misma inquietud la expresaban ayer disidentes y periodistas independientes, considerados los blancos de la ley. El disidente Osvaldo Payá calificó la legislación de "ley de mordaza y coacción", mientras que Raúl Rivero y otros periodistas independientes manifestaron su decisión de seguir colaborando con medios de prensa norteamericanos.
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