El PP privatiza la gestión de la Salud Mental de La Ribera, que asumirán Adeslas y sus socios

La Diputación de Valencia y el grupo de empresas que gestiona el hospital de Alzira acordaron ayer (con el beneplácito de la Consejería de Sanidad) que Adeslas y sus socios gestionen los centros de Salud Mental de La Ribera, cuyos trabajadores pertenecen al organismo provincial. La diputada del PP Rosa Isabel Ribes, responsable de sanidad, señaló que el compromiso alcanzado contempla la creación de clubes de convivencia en los centros de Salud Mental de la zona. Por otra parte, el comité de empresa de los servicios psiquiátricos de la Diputación emitió ayer un comunicado en el que manifiesta su "rotunda oposición" a la política sanitaria de la institución y al traslado de los trabajadores.

Gracias al acuerdo suscrito ayer entre la Diputación de Valencia y la Unión Temporal de Empresas que gestiona el hospital de Alzira, Adeslas y sus socios asumirán ahora la asistencia psiquiátrica del área 10 (que se presta en los centros de Alzira, Sueca y Carlet), así como la plantilla compuesta por seis psiquiatras, seis psicólogos, cinco auxiliares de enfermería y dos terapeutas ocupacionales. La diputada Rosa Isabel Ribes (del PP), responsable del área de sanidad, anunció ayer en Catadau que el compromiso alcanzado con la UTE contempla además la creación de clubes de convivencia en cada uno de los centros de Salud Mental,que promocionarán actividades complementarias para que los enfermos "puedan regresar a la sociedad lo más pronto posible". Según Ribes, los gestores del hospital de Alzira financiarán el personal cualificado (psiquiatras y psicólogos), mientras que la Diputación aportará los educadores y los trabajadores sociales. En el mismo acto, los dirigentes comarcales del PP anunciaron que la Consejería de Sanidad ha decidido convertir en Centro de Salud el consultorio médico construido recientemente en Catadau, para atender a los pacientes de las localidades vecinas, Llombai y Alfarp. Protestas de Psiquiatría Por otra parte, el comité de empresa de los servicios psiquiátricos de la Diputación de Valencia expresó ayer la "rotunda oposición" de los trabajadores del área (reunidos recientemente en asamblea) a la política de la institución en materia de Salud Mental, concretado -según la mayoría de los miembros del comité-, en el proyecto de "desmantelamiento" de los centros de Salud Mental de Massamagrell, Alzira, Carlet, Sueca y Sagunto, y el consiguiente traslado de sus trabajadores, "sin garantías de que los cambios terminen aquí", relataban en su comunicado. En el escrito, remitido antes de que la Diputación anunciara el acuerdo con la UTE, el comité lamenta el "deterioro progresivo de la asistencia", debido a una política "arbitraria" y a la "falta de directrices claras" por parte de la Diputación. A su juicio, las principales deficiencias son la carencia de un programa de actuación coherente y acorde con el vigente Plan de Salud Mental, "que armonice objetivos, proyectos y recursos, tanto humanos como de infraestructuras"; la "falta de voluntad por parte de la empresa para actualizar el catálogo de puestos de trabajo" y "para dar respuesta al derecho a la promoción interna, repetidamente reclamada por los trabajadores". El comité emplazaba ayer a la Diputación a que dé respuesta a todas estas cuestiones. Fuentes de la Consejería de Sanidad matizaron que el acuerdo había sido suscrito entre el organismo provincial y la UTE, con el conocimiento del departamento que dirige Joaquín Farnós. Se da la circunstancia de que tanto la Salud Mental como la gestión del hospital General de Valencia dependen de la Diputación -es una reivindicación histórica la transferencia de este centro sanitario a la Consejería de Sanidad-, que ahora se desprende de la asistencia psiquiátrica de los pacientes de la comarca de La Ribera, ya que pasarán a asumirla Adeslas y sus socios. Fuentes sindicales recuerdan, no obstante, que los trabajadores del área de Salud Mental dependen orgánicamente de la Dirección General de Asistencia Especializada, en virtud de un decreto del año 1998. La noticia, por tanto, les sorprende, pero la enmarcan en la concesión administrativa pactada entre la Consejería de Sanidad y la UTE del hospital de Alzira para cubrir, mediante la gestión privada, la asistencia especializada de la comarca. La oposición alegó ayer que la Diputación hace tiempo que no debe encargarse del hospital General ni de la Salud Mental, para concentrar sus fondos en los Ayuntamientos y sin valorar el traspaso a la UTE que gestiona Alzira, apuntó que la Diputación asegura que los trabajadores están de acuerdo.