La Generalitat ocultó que la azufrera Pallarès contaminó, según el fiscal
El fiscal de la [EN] Audiencia de Tarragona, Manuel Miranda, acusó ayer al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de haber ocultado conscientemente los índices de contaminación de la azufrera Pallarès de Tarragona. El juicio contra los tres propietarios y el encargado de la empresa, para quienes el fiscal pide un total de 15 años de cárcel y una multa de 37 millones de pesetas, quedó ayer visto para sentencia.
El fiscal acusa a los procesados de un delito contra el medio ambiente y otro de riesgo con los agravantes de clandestinidad y desobediencia. Miranda, en la exposición de su informe ante el tribunal, anunció que estudia abrir diligencias penales contra Medio Ambiente por un delito de obstrucción a la justicia y pidió a los magistrados que hagan constar en la sentencia una mención explícita sobre esta cuestión. Según el fiscal, la Generalitat ocultó que la empresa Azufrera y Fertilizantes Pallarès (Afepasa) sobrepasó al menos en dos ocasiones los índices de emisión a la atmósfera de productos contaminantes, como por ejemplo el dióxido de azufre. Para el ministerio público, la versión de los hechos que ofreció Oriol Puig, director general de Calidad del Aire de la Generalitat, fue un " discurso político con afirmaciones acientíficas y pseudocientíficas para tratar de justificar la pasividad de su Administración en este caso". Oriol Puig, hermano del secretario general de Convergència Democràtica, Felip Puig, negó en su declaración ante el tribunal que la azufrera hubiese contaminado, ya que la chimenea de la fábrica, por la que se evacuaba el dióxido de azufre, era de tiro natural. Este tipo de chimeneas, a su juicio, no emiten gases, sino que los ventean, por lo que no le era aplicable la legislación vigente sobre los límites de emisiones a la atmósfera. Los técnicos de Medio Ambiente fueron los únicos que mantuvieron la teoría de que Afepasa nunca contaminó, en contra del criterio de los Mossos, de un instituto independiente y de los ingenieros municipales. El fiscal también solicitó al tribunal que, en caso de sentencia condenatoria, clausure las instalaciones, ya que Afepasa carece de la correspondiente licencia de actividad. Según el fiscal, los propietarios de la azufrera hicieron caso omiso de los requerimientos municipales para que dejara de contaminar. Por su parte, el abogado de la defensa, Carles Bosch, pidió la absolución de los cuatro imputados y acusó a los vecinos de los barrios cercanos a la azufrera de jugar con la inteligencia del tribunal al manifestar que sufren molestias por las emanaciones de azufre. El letrado argumentó que este producto es inodoro, y añadió que los vecinos se movieron por un motivo económico.
