Erosión de la política exterior

En España, como en otros países del entorno, la política exterior se está viendo seriamente erosionada por una serie de actores que no sólo influyen en ella, sino que pueden llegar a condicionarla. La Constitución Española dispone en su articulo 97 que la política exterior la "dirige" el Gobierno. Sin embargo, en los últimos tiempos tres acontecimientos han puesto en entredicho este principio: el caso Pinochet, la decisión de los nacionalistas vascos de poner la sede del Parlamento de Vitoria a disposición de la autodenominada Asamblea Kurda en el Exilio y el acuerdo entre pescadores españoles y el Ejecutivo de Gibraltar. En el caso Pinochet, la acción de un juez español, Baltasar Garzón, ha afectado, al menos temporal y superficialmente, a las relaciones entre España y Chile. Pueden chocar dos principios constitucionales: el mencionado del artículo 97 y la independencia del Poder Judicial. Según esta última, y las leyes consiguientes, el Gobierno no puede siquiera negarse a tramitar una petición de extradición si lo solicita el juez que la ha dictado. ¿Pero puede un juez marcar o determinar la política exterior de un país? Evidentemente, la respuesta en este nuevo mundo de redes jurídicas y políticas es que sí, como ha ocurrido también en Italia con la decisión de dejar libre al líder guerrillero kurdo Abdulá Ocalan, aunque con la connivencia del Gobierno.

Ocalan nos lleva al segundo caso: el de la cesión de la sede del Parlamento vasco. Aunque en ella haya que leer mensajes múltiples, que más tienen que ver con las relaciones de los nacionalistas vascos con el Gobierno del Estado, y del PNV con el PP, el hecho es que una decisión en ese ámbito afecta a la política de España hacia Turquía, sin entrar ahora a valorar estas relaciones. Es también revelador de la nueva situación que han sido casi más numerosas las críticas de los ministros de Interior y de Economía y Hacienda que del titular de Exteriores. Queda de relieve que no está resuelta la imbricación de las comunidades autónomas en la política exterior del país. Es ésta una cuestión pendiente que, pese a su importancia, parece pretender soslayarse en la nueva Ley del Servicio Exterior, que aspira a consagrar el siempre evasivo -debido a las luchas entre ministerios- principio de la "unidad de acción en el exterior".

En cuanto a Gibraltar, no sólo el humillante arresto del Piraña y su tripulación, sino también el conflicto de la veintena de pesqueros que faenan en esas aguas, llevó a los propios pescadores a pactar directamente con el ministro principal de Gibraltar, que los utilizó para contravenir el principio esencial de la política gibraltareña española de evitar tratar con las autoridades locales en el Peñón. Y a este respecto, ¡ojo a cómo los intereses pesqueros pueden condicionar la política española hacia Marruecos!

En general, en toda Europa estamos asistiendo a la pérdida de peso de los ministerios de Asuntos Exteriores en la definición y gestión de las políticas exteriores, ya sea en favor de nuevos actores -como las ONG o los medios de comunicación a través del famoso efecto CNN-, de instituciones internacionales, como la OTAN o la UE, de las regiones, o de las oficinas de los primeros ministros o de ministerios, como el del Economía, que van cobrando mayor peso en la vida comunitaria con la unión económica y monetaria. A estas tendencias contribuye también la globalización que viene a borrar muchas distinciones tradicionales entre lo interior y lo exterior.

Constatarlo es, simplemente, señalar lo que puede ser un problema importante, incluso si llega a nacer una política exterior europea. ¿Adiós a los diplomáticos? Evidentemente, no. Menos aún cuando están más presentes que nunca fuera de su ministerio. Pero empiezan a tener competidores.