Fabius dice que no retrasó los controles del sida en favor de la firma Pasteur

El ex primer ministro francés y actual presidente de la Asamblea, Laurent Fabius, negó ayer categóricamente en el juicio de la sangre contaminada de sida haber retrasado en 1985 la aplicación de la prueba patentada por la firma estadounidense Abbott para la detección del virus en el plasma, lo que habría favorecido, supuestamente, a la prueba del laboratorio francés Pasteur. "Es falso, de principio a fin", proclamó Fabius, que busca su rehabilitación política.

Fabius negó la mayor de las acusaciones planteadas y estableció una línea de defensa que no se limita a neutralizar las cargas de la acusación. Su intervención en la tercera jornada del juicio en por el Tribunal de Justicia de la República mostró que el proceso del envenenamiento masivo de sida representa para este político brillante no sólo una oportunidad de terminar una pesadilla personal, sino de obtener la rehabilitación política. Según avanzaba el interrogatorio, Fabius fue sacudiéndose el nerviosismo, manifestado en el temblor de manos, para acabar puntualizando educadamente al presidente de la sala, Christian le Gunehec. El acusado afirmó que el comentario "estoy de acuerdo" -que él escribió sobre el informe gubernamental interno que planteaba la posibilidad de iniciar análisis sanguíneos sistemáticos- significaba su conformidad con esa medida y no, como apunta la acusación, una actitud favorable a retrasar la comercialización del Abbott.

A la vista del documento sobre la reunión del 13 de mayo de 1985 entre el director de diagnóstico de Pasteur y dos consejeros ministeriales -"dos representantes del Estado y un industrial privado", precisó a su vez el fiscal general Jean-François Burgelin-, el acusado admitió la existencia de un grupo de presión. "Me limité", dijo Fabius, "a anotar simplemente la expresión "visto", y consideré la reunión como una más entre las 50 de cada día". Fabius dijo que dio instrucciones para la aplicación sistemática de los análisis sanguíneos el 29 de abril de 1985, sin considerar el costo financiero, estimado entre 5.000 y 10.000 millones de pesetas, y pese a que algún consejero llegó a juzgarlo un gasto excesivo para un problema que hasta entonces se había cobrado tres víctimas.

La declaración de Fabius llevó a una de las víctimas, Yves Aupic -que el día de apertura del juicio calificó el proceso de "mascarada"- a admitir que había sido una defensa convincente y que la responsabilidad parece recaer en los directores de gabinete y los consejeros. La ministra de Medio Ambiente, Dominique Voynet, única representante de los Verdes en el Gobierno de Jospin, dijo ayer que Francia debe modernizar la toma de decisiones que "muchas veces son adoptadas de manera urgente".