La Comisión Europea propone un recorte anual del 3% de las ayudas a los agricultores más ricos

La Comisión Europea se inclina por que los agricultores más ricos sean quienes soporten la mayor parte de la carga de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), orientada a estabilizar el gasto. Así lo sugiere un documento del Grupo de Alto Nivel que propone un recorte anual del 3% hasta el 2006, tras haber estudiado los aspectos agrícolas de la Agenda 2000. De los 1,2 millones de agricultores españoles, al menos 381.000 (el 27%) se verían afectados. La propuesta recoge las ideas de París, que favorecen a la agricultura francesa, la más competitiva.

Aunque los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión son lo más espectaculares en la batalla de la Agenda 2000 (previsiones presupuestarias para el septenio 2000-2006), la reforma de la PAC es también muy importante, por cuanto supone el 48% del actual presupuesto común y genera unas transferencias para España que se acercan a la mitad de las que el país recibe de los fondos estructurales o de ayuda a la igualación de la renta. La Comisión propuso en su Agenda 2000 una reforma orientada a ahorrar, a compatibilizar mejor la PAC con la futura nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a preparar la ampliación al Este, que por su peso agrícola encarecerá el capítulo agrario del presupuesto. La vía elegida era rebajar los precios de garantía (a partir de los cuales la Comisión interviene; esto es, compra productos) entre un 10% y un 30% (carne, leche y cereales), que se compensaban con las ayudas directas al agricultor, sólo decrecientes (entre un 20% y un 25%) a partir de que un agricultor recibiese más de 100.000 euros de ayudas (16,6 millones de pesetas). Esa reforma resultaba demasiado cara, en opinión de muchos Estados miembros.

Distintas opciones

El nuevo documento presenta distintas opciones para apretar más las tuercas al gasto, que este año alcanzará los 40.500 millones de euros (8,7 billones de pesetas). Como es habitual en la Comisión, Santer no asume ninguna de las propuestas. Pero, al sostener que ha "concentrado más específicamente su atención" en una fórmula, se inclina por ésta, la llamada degresividad (reducción según los niveles de riqueza) de las ayudas al agricultor, la última aportación francesa, parecida a la británica, presentada como alternativa a la cofinanciación agrícola (que cada Estado pague un porcentaje de la PAC), que tanto disgusta a París. La propuesta -"escenario", se dice, con pretensión aséptica- prevé rebajar las ayudas directas en un 3% anual, algo que se considera casi neutral, porque se prevé que la productividad del sector crecerá a un ritmo del 1% al 3%. El ahorro -una cuarta parte del cual se dedicaría a aumentar las ayudas al desarrollo rural- sería de 1.217 millones de euros (202.500 millones de pesetas) en el 2004, de 1.837 millones de euros (305.681 millones de pesetas) en el 2005 y de 2.439 millones (405.000 millones de pesetas) en el 2006. El menor gasto se registraría sobre todo en la segunda parte del septenio, porque hasta el 2004 no afectaría al subsector bovino, y hasta el 2005, al lácteo y sus derivados.

¿Qué supone? Sobre todo, cargar el peso de la reforma sobre los más ricos, porque el 73% de los agricultores europeos, los que reciben ayudas por montante inferior a los 5.000 euros, quedaría exento de la reducción; los más potentes se quedarán sin ayuda, contra lo que proponía la Agenda 2000, aunque fuera reduciéndola un poco a partir de 16 millones de pesetas. En el caso de España, entre 381.000 y 444.000 del total de los 1,2 millones de productores, suponiendo que todos ellos reciban ayudas comunitarias, lo que no es así. Portugueses, griegos e italianos serían los menos perjudicados; daneses, luxemburgueses y suecos, los más afectados.

La degresividad sería algo socialmente justo, pero económicamente complicado, porque los más competitivos son, en general, los más grandes. La idea beneficia a Francia, que exhibe la agricultura más competitiva y que con una reducción transversal de las ayudas podría expulsar del mercado a quienes estén en la frontera de la competitividad. El documento se abstiene de incorporar propuestas para reequilibrar la PAC entre los productos continentales -los más atendidos- y los mediterráneos, lo que vienen reclamando los países del Sur.