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La falta de medios dificulta el tratamiento hospitalario de los presos de Málaga

Desde 1993, cientos de reos de la Prisión Provincial de Málaga han visto suspendidas sus consultas y tratamientos hospitalarios por falta de medios para trasladarlos a los centros (sólo en 1996 se anularon 238 citas). En alguna ocasión se han tenido que aplazar intervenciones quirúrgicas de reclusos que llevaban meses en lista de espera. La Fiscalía de Málaga exige una solución al problema. Se han dado casos en que los propios funcionarios de prisiones han tenido que trasladar a los internos en sus vehículos.

Según el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Málaga, Juan Bermejo, "el problema estriba en que el traslado de los reclusos a los centros hospitalarios lo tiene que hacer la Guardia Civil, pero la escasez de vehículos y de personal hace que se suspendan con demasiada frecuencia". Esta falta de recursos ha llevado a que, por ejemplo, alguna interna embarazada no haya podido ser reconocida en un hospital en todo el período de gestación. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, resta dramatismo a la situación: "Todos los traslados urgentes se cumplen a rajatabla", afirma. Sin embargo, el 17 de agosto de 1998 se suspendió la sesión de quimioterapia de un enfermo de cáncer, y el 18 de noviembre de ese mismo año, otro interno que había sido trasladado desde la cárcel de Melilla para operarse de una osteomielitis -inflamación de la médula ósea- tuvo que volver a la lista de espera porque tampoco ese día se produjo la esperada salida hacia el hospital. En 1998, el problema atravesó una fase especialmente crítica, porque la Guardia Civil exigió que los traslados de pacientes que iban a recibir tratamiento se hicieran en ambulancia y con personal sanitario a bordo, acogiéndose al artículo 36 del Reglamento Penitenciario. Así, se multiplicaron las cancelaciones de traslados, y también las quejas de presos y fiscalía. Rubio resolvió este contencioso ordenando recurrir a las ambulancias sólo cuando fuera necesario, pero es contundente en la defensa del Cuerpo: "En 1998, la Guardia Civil realizó 335 traslados programados y 200 de urgencia, pero la Fiscalía tiene que tener en cuenta que para hacer estos traslados hay que detraer vehículos y patrullas que se destinan a la seguridad ciudadana, y esa es la primera obligación de la Guardia Civil". Bermejo asegura que comprende las razones del cuerpo. "Pero también hay que tener en cuenta que el derecho a la asistencia sanitaria está contemplado entre los primeros artículos de la Ley General Penitenciaria", subraya. Una de las soluciones propuestas es la ampliación del módulo penitenciario del Hospital Clínico de Málaga. Así se garantizaría la vigilancia, disminuiría el número de traslados y los médicos podrían fijar un día para atender a los reclusos.

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