Economía pide al Tribunal de la Competencia que analice el pacto de Endesa y Gas Natural

Los Servicios de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda han decidido trasladar al Tribunal de la Competencia, para su estudio, el acuerdo firmado el pasado 14 de octubre entre la eléctrica Endesa y Gas Natural, al considerar que se pueden haber vulnerado las normas para impedir la concentración empresarial. El Tribunal de la Competencia dispone ahora de un plazo de tres meses para decidir si el acuerdo Endesa-Gas Natural, por el que ambas empresas pasaron de competidores a socios, vulneró la legislación. El Tribunal de la Competencia elevará su informe, no vinculante, al ministro de Economía, quien deberá presentarlo, a su vez, al Consejo de Ministros.

El acuerdo entre la mayor compañía eléctrica española (con más de un 40% del mercado de la generación) y la principal empresa del sector gasista, aseguraba a Endesa, sociedad que preside Rodolfo Martín Villa, todo el gas que precisara para producir electricidad. Entre otros puntos, dicho acuerdo contemplaba también la integración de los negocios gasistas de ambas compañías en Andalucía y en Aragón. De esta forma, en Andalucía una filial de Endesa se comprometía a adquirir el 20% de Gas Andalucía, mientras que en Aragón Endesa se comprometía a ceder a Gas Natural -compañía participada por Repsol con el 45% y La Caixa con el 25%- el 48% de su filial, Gas Aragón. Es en este punto, el de la integración de negocios en Andalucía y en Aragón, donde los Servicios de la Competencia del Ministerio de Economía observan una posible vulneración de normas. La razón es que el acuerdo podría suponer el control de un porcentaje de mercado superior al 25% que marca la ley y una facturación conjunta superior a los 20.000 millones de pesetas.

Críticas de la CNSE

En el caso de que el Tribunal de la Competencia concluyera que el pacto Endesa-Gas Natural vulnera las normas de competencia, la operación puede verse seriamente comprometida. En cualquier caso, el paso dado por el Ministerio de Economía supone un importante espaldarazo a las críticas lanzadas contra la operación por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), organismo que ha destacado en diversas ocasiones, a través de su presidente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la contradicción que supone el proceso de concentración empresarial en el sector energético con la liberalización de mercados que aparentemente se impulsa desde el Gobierno. Las reticencias de la CNSE respecto al acuerdo, respaldadas ahora por los Servicios de la Competencia del Ministerio de Economía, chocan con la actitud mantenida respecto al mismo asunto por el ministro de Industria, Josep Piqué. En noviembre de 1998, poco después de que Martín Villa y el presidente de Gas Natural, Antoni Brufau, sellaran su alianza, Piqué aseguró que el Gobierno no tendría "nada que decir" incluso en el caso de que Endesa y Gas Natural plantearan acuerdos accionariales tras su alianza estratégica.

El acuerdo de octubre entre ambas compañías supuso el fin de la tradicional hostilidad entre eléctricos y gasistas. La alianza firmada detallaba que Endesa y Gas Natural construirían dos nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado -las que utilizan gas para producir electricidad- en Algeciras y en Sant Adriá del Besós (Barcelona), con una inversión conjunta de 100.000 millones de pesetas.

Ambas compañías procuraron tranquilizar a la Administración y a los usuarios al especificar que la propiedad de dichas centrales "corresponderá por separado a Endesa y Gas Natural" y que las instalaciones "operarán independientemente".

Pero los Servicios de la Competencia han encontrado el punto débil del acuerdo en los acuerdos de explotación de gas. Para Endesa, sometida a una gran presión por los problemas que atraviesa con sus inversiones en Chile, la decisión adoptada por Economía supone una mala noticia. Para Gas Natural es un toque de atención acerca de la estrategia diseñada y su elección de nuevos socios.

Para ambas empresas se abre un periodo de intranquilidad. ¿De qué duración? Una vez recibido el expediente, el Tribunal de Defensa de la Competencia abre un periodo de investigación y análisis previo a la decisión, que se ha de adoptar en un máximo de tres meses.

Esa decisión, que en ningún caso es vinculante, debe ser elevada al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. Éste, a su vez, ha de presentar su informe al Consejo de Ministros, que tiene la última palabra sobre el conjunto del proceso.

Anteriores resoluciones

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha abordado, en sus casi 10 años de existencia, expedientes relativos a sectores muy variados, desde la banca a las compañías aéreas. Su resolución más reciente fue la multa de 580 millones de pesetas a Telefónica por abuso de posición dominante. Ésta ha sido la mayor sanción impuesta a una empresa. En el fallo, el Tribunal de Defensa de la Competencia argumentó, además, que Telefónica establecía "precios predatorios" y que discriminó a su competidor BT. La empresa que preside Juan Villalonga anunció que recurrirá la sanción ante la Audiencia Nacional, dado que la considera "desorbitada, porque [la sanción] no se corresponde con las circunstancias económicas del caso".

No obstante, la mayor multa impuesta por el organismo, que depende orgánicamente del Ministerio de Economía, correspondió a la Federación de Industrias Lácteas (Fenil) y a 49 empresas del sector.

En este caso, la sanción ascendió a un total de 1.182 millones de pesetas. Y el motivo fue que los sancionados fijaron de común acuerdo el precio que pagaban por la leche a los ganaderos.