Justicia admite que Cataluña es un paraíso para los menores indocumentados

La consejera de Justicia, Núria de Gispert, admitió ayer en Girona que Cataluña se está convirtiendo en un paraíso para los niños de la calle indocumentados y para los mayores que los explotan. "En febrero del año pasado su presencia parecía un fenómeno esporádico, aunque preocupante, pero ahora ya no es así", afirmó De Gispert. La consejera matizó que la situación de estos niños no es estrictamente de desamparo, sino que lleva aparejada una problemática distinta que debe ser abordada con nuevos métodos.

La titular de Justicia anunció que dentro de unos días llegará a Cataluña un equipo de educadores marroquíes especializados en la atención de niños de la calle. El Departamento de Justicia sospecha que buena parte de los menores llegan a Cataluña a través de redes de tráfico de inmigrantes que se dedican a explotarlos. Los educadores de los centros de acogida explican que acostumbran a ver adultos merodeando por los alrededores, intentando captar a los niños para negocios sucios. "Algunos menores explican que les es fácil ganar 4.000 pesetas haciendo trabajos para adultos, como por ejemplo el pase de pequeñas cantidades de droga", afirmó De Gispert. Por otra parte, la consejera explicó que todavía no hay suficientes datos para afirmar que los cinco polizones adolescentes que llegaron a Palamós (Baix Empordà) el pasado viernes a bordo de un mercante hubieran realizado la travesía con el apoyo de una red de tráfico de inmigrantes. Sólo uno de los cinco polizones, actualmente ingresados en dos centros de menores de la Generalitat, ha pedido volver con su familia. Ya se han iniciado contactos entre la Subdelegación del Gobierno en Girona y el consulado marroquí para tramitar el regreso de todos los menores. La consejera se refirió al reciente intento de fuga de dos de estos adolescentes marroquíes del centro de Puigvistós, en Girona, y aseguró que, en algunos casos, el margen de libertad que necesita cualquier menor para su desarrollo acaba volviéndose en contra. En muchos casos los menores niegan su colaboración y dan informaciones falsas. La voluntad de ocultar la identidad de los menores queda patente en las cifras que ayer dio a conocer la consejera de Justicia, según las cuales el total de 1.100 ingresos de adolescentes sin papeles durante 1998 correspondieron a 294 menores, muchos de los cuales cambiaron su nombre hasta ocho veces. Una vez realizadas las pruebas hospitalarias para determinar la edad real de los jóvenes, el 30% resultó ser mayor de edad. Unos 30 de los menores acreditados están actualmente ingresados en centros de Infancia y unos pocos han sido acogidos en familias. El resto continúa en la calle, entrando y saliendo de los centros, pese a que está identificado y ya no hay duplicidad en su control. De Gispert, quien inauguró ayer las nuevas dependencias de Justicia en Girona, anunció que hoy se aprobará el acuerdo para pedir al Estado una demarcación penal y otra social para Figueres.