Los entresijos de las conversaciones revelan un alto grado de consenso entre los cuatro vicerrectorados
Los equipos económicos de las cuatro universidades valencianas están convencidos que la Generalitat "tiene difícil rechazar" la propuesta de nuevo plan de financiación que tendría vigencia hasta el 2002. Según explica el gerente de la Universidad de Alicante, Luis Ramos se trata de un modelo que "desbloquea inversiones y ahorra en gasto corriente". Y que, a juicio de los gestores de las cuatro universidades "simplifica el anterior modelo y se ajusta a la realidad". Las negociaciones de la elaboración del plan han sido largas. Comenzaron antes del verano a analizar varios modelos, hubo diferentes propuestas sobre la mesa, pero ninguna convencía a nadie. Fue entonces cuando Pedro Miguel Sosa, vicerrector de Asuntos Económicos de la Politécnica de Valencia, se comprometió a diseñar uno particular para el caso valenciano. Todos los rectorados reconocen que ha sido una tarea díficil, sobre todo por el desinterés de la Administración que preside Eduardo Zaplana. El gobierno veía más necesario, y "cómodo", desbloquear el plan de inversiones que ofrecer una nueva fórmula de financiación, por lo que optó por dejar en manos de las propias universidades la negocación. Las gestiones han sido densas, pero en ningun caso tensas. Cuestiones como el incremento de gasto corriente en un 10% anual o el 1% de PIB surgen precisamente como respuesta a necesidades colectivas, y atendiendo a criterios estrictamente técnicos. Todos reconocen, sin embargo, que hubo un momento "delicado" en el proceso, cuando los rectores cuestionaron la capacidad de negociar del entonces consejero Francisco Camps y valoraron los obstáculos desde la Dirección General de Universidades y pidieron una negociación cara a cara con Zaplana. Sólo entonces la Consejería de Educación mostró "cierto interés" en recuperar la negociación y animaron a los rectores a continuar con el diseño del plan. El otro momento delicado fue cuando los representantes de la Universidad Miguel Hernádez se desmarcaron del bloque de rectores, al entender que un plan común no les beneficia, y "optaron por alargar el trato diferencial y excepcional que presupuestariamente les presta el Consell". Fue, precisamente, coincidiendo con una carta firmada por todos los gerentes exigiendo " voluntad política" un compromiso por parte de la Generalitat para que explicara hasta qué punto estaban dispuestos a invertir en las universidades. Ése fue el detonante de la ruptura de la Miguel Hernández. La misiva sentó mal en Educación, y desde la consejería se presionó al rectorado ilicitano por el hecho de que, gozando de un plan individual, hiciera frente común con el resto de universidades.
