El Tribunal Superior no archivará la oferta de empleo foral de 1981 pese a retirarse la demanda

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no archivará la causa de la polémica contratación en 1981 de 143 empleados por la Diputación de Vizcaya, después de que ocho funcionarios exigieran la reapertura del caso y, en el último momento, retiraran su petición. "No se puede tomar ninguna resolución, sólo constatar que desiste la petición de los recurrentes", han comentado fuentes judiciales. La retirada de la demanda acaba con la preocupación de trabajadores y la Diputación, pero no entierra el problema, porque no hay prescripción y puede reabrirse de nuevo.

Tras la anulación de la oferta pública de empleo de 1993, que afecta a 82 trabajadores interinos, la controvertida política de personal de la Diputación de Vizcaya -motivo continuo de conflictos en los tribunales a lo largo de la década- se enfrentaba a un litigio aún más grave y que había causado una gran tensión entre trabajadores y los responsables forales. Se trataba de la contratación en 1981 por tiempo indefinido de 143 personas, que ahora ya optan a la funcionarización. El procedimiento empleado fue criticado desde el principio: de las 10.000 personas que se apuntaron a los puestos, se hizo una selección previa para que sólo optasen 400 a las 143 plazas. El PSE, que entonces estaba en la oposición, recurrió la convocatoria ante la justicia y la Audiencia de Bilbao la anuló porque se "llevó a efecto por un sistema "sui generis" sin adecuarse a ninguno de los legalmente regulados". El Supremo certificó la anulación en 1987, pero las sentencias no fueron cumplidas en un primero momento por la Diputación, por lo que la Audiencia bilbaína dijo que la actuación de la institución vizcaína "ha sobrepasado la temeridad para instalarse de lleno en la malicia procesal". Tras este auto, el Consejo de Gobierno foral adoptó en mayo de 1988 un acuerdo singular: por un lado decidió ejecutar la sentencia que anulaba la convocatoria de las 143 personas, pero, en otro punto del acuerdo declaró "subsistentes las relaciones laborales de carácter indefinido" de los afectados. El caso fue quedando en el olvido -los socialistas, ya en la Diputación, no pidieron la ejecución del fallo porque lo entendían cumplido- hasta que, a finales del verano, ocho funcionarios forales exigieron la ejecución de la sentencia del Supremo, que "hasta el presente no ha sido ejecutada". Argumentaban que cerraba la ocupación de esas plazas a otros funcionarios. El Tribunal Superior se encontraba a punto de emitir su fallo sobre esta demanda, que en caso favorable a los recurrentes supondría la pérdida de la plaza de más de 80 trabajadores, cuando la pasada semana los funcionarios retiraron su demanda. Fuentes judiciales consultadas por este diario afirmaron que, tras este último acontecimiento, no habrá ninguna resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "Se constatará que se desiste de la petición de los recurrentes, pero no habrá una resolución. Es el principio de justicia rogada, según el cual si nadie ruega no hay nada que resolver". Sin prescripción Al tratarse de un caso administrativo, los jueces no pueden actuar de oficio -como en la jurisdicción penal-, por lo que el asunto quedará como estaba. Pero las mismas fuentes señalaron que el caso no se archiva. "Si alguien solicita la ejecución de la sentencia se reabriría otra vez, aunque sea dentro de 40 años. El asunto no se puede archivar. No hay prescripción en sentencias no ejecutadas". Un portavoz de la Diputación dijo que la retirada "garantiza la normalidad al colectivo de afectados" y reiteró las argumentaciones ofrecidas la pasada semana ante las Juntas Generales por el diputado de Presidencia, José Luis Bilbao. Éste dijo que el PSE "entiende que está ejecutada la sentencia y los recurrentes no están legitimados para presentarse en algo que no participaron". Bilbao añadió que, en este asunto, "el único pecado es que tenía que haberse convocado para funcionarios y no para laborales. No se puso en duda la objetividad y transparencia del proceso".