La Comunidad asume las competencias sobre la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria

El Ayuntamiento es ya poco más que un inquilino en la Ciudad Universitaria y en la Casa de Campo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad acordó ayer declarar bien de interés cultural estos dos espacios urbanos. A partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad, el consistorio tendrá que pedir permiso al Gobierno regional para autorizar obras en estas áreas: igual que un inquilino debe hacer con su casero. Alberto Ruiz-Gallardón ha resuelto estos expedientes, empantanados desde hace años, en sólo dos meses y cinco días.

La Consejería de Cultura justifica la declaración de estas zonas como bienes de interés cultural en la necesidad de proteger y delimitar ambos espacios de interés histórico-artístico. En el caso de la Ciudad Universitaria, que ha alcanzado la máxima protección patrimonial en la categoría de conjunto histórico, el Gobierno cree que se encuentra sometida a un "grave deterioro" a causa de la construcción de nuevas edificaciones y a "las transformaciones de la red viaria que cruza el conjunto". La Casa de Campo, monumento histórico-artístico desde 1931, según la Comunidad, no tenía sus límites bien definidos y se hacía precisa "una delimitación del bien que asegure su mejor protección". Con estas razones, el 27 de noviembre, el Gobierno regional decidió resucitar ambos expedientes y emprender, de paso, su particular guerra con el Ayuntamiento de Madrid y tres universidades. Los dirigentes municipales se unieron a los rectores de la Complutense, la Pólitécnica y la UNED para presentar alegaciones contra los planes regionales.

El grupo empresarial que explota el Parque de Atracciones también presentó alegaciones contra la protección de la Casa de Campo, donde se encuentra el complejo de ocio desde hace años gracias a una concesión municipal. Hasta la Presidencia del Gobierno se quejó para que el palacio de la Moncloa no quedase dentro del perímetro de la Ciudad Universitaria. Sólo esta alegación ha sido admitida. Los argumentos de los rectores, del gobierno municipal y del Parque de Atracciones han sido desestimados por la Comunidad de Madrid.

Jardín histórico

En el caso de la Casa de Campo, el Ayuntamiento de Madrid había reclamado que este parque urbano no fuese declarado jardín histórico. La principal alegación se fundamentaba en que el actual "Plan de General de Madrid es suficiente marco normativo" para proteger la Casa de Campo. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, en cambio, la desestimó basándose en que el Plan General de Madrid "ha resultado insuficiente, ya que va dirigido, como es su objeto, a la ordenación y al establecimiento del régimen del suelo", no así a la necesaria protección del patrimonio histórico y medioambiental. El consistorio también arguyó que la declaración como bien de interés cultural de la Casa de Campo interfería "en la competencia municipal sobre ordenación de usos". La Comunidad le replicó que "el expediente no afecta la ordenación de usos municipal".

El Zoológico, el Parque de Atracciones y el Teleférico presentaron tres alegaciones conjuntas al expediente protector. La principal se basaba en que "la Casa de Campo no es jardín, sino un reservado, y tampoco es histórico". La Consejería de Cultura replicó calificando de "peculiar" la alegación y añadió que las empresas que la han presentado olvidan que un decreto de 1931 ya afirmaba que "la totalidad" de este parque era un jardín perteneciente a la Corona. Si en aquel momento no se le confirió la categoría de jardín histórico, sino de monumento histórico-artístico, fue simplemente porque esta categoría no existía. Ahora, la Comunidad se lo concede.

Falta de significación

El Club de Campo también se opuso a la protección del jardín en la zona que le afecta por su "falta de significación histórica". La Comunidad lo rechaza con el argumento de que la finca del Club de Campo también perteneció en su momento a la Corona y, por lo tanto, forma parte del jardín histórico. En el caso de la Ciudad Universitaria, bien de interés cultural en su categoría de conjunto histórico desde ayer, el Ayuntamiento insistió en sus alegaciones en que el Plan General de Madrid ya la protege suficientemente y que la Comunidad no había delimitado con exactitud la zona afectada. Ambas alegaciones fueron también rechazadas.

En este frente, fueron las universidades Complutense, Politécnica y UNED las que dieron la batalla. Argumentaron que la declaración "atenta contra el derecho fundamental a la educación y otros de rango constitucional", que "la ausencia de consulta previa puede constituir un fraude de ley" y que la Ciudad Universitaria no encaja en la definición de conjunto histórico".

Con respecto a este último argumento, la respuesta de la Comunidad ha sido muy dura. "Si en la ciudad de Madrid hay alguna agrupación de bienes inmuebles ejemplar que responda a esta definición, además del recinto histórico de la Villa de Madrid, es precisamente la Ciudad Universitaria, empeño y fundación ejemplar, que se ha venido transformando, y no siempre con acierto, a pesar de las protecciones sucesivas del planeamiento municipal". De todas las alegaciones presentadas, la Comunidad de Madrid sólo ha aceptado la del Ministerio de Presidencia, que consideró que el complejo de La Moncloa debía ser excluido del conjunto monumental por "razones de seguridad". El Gobierno regional ha aceptado estos argumentos.