El juicio a Pinochet termina con un debate sobre la ley de extradición

ENVIADO ESPECIALLa batalla legal sobre la inmunidad del general Augusto Pinochet, detenido en Londres desde el pasado 16 de octubre, culminó ayer en la Cámara de los Lores con un cruce de argumentos escritos hasta el último minuto entre la Fiscalía de la Corona, que representa a España, y la defensa del exdictador. Los abogados Alun Jones y Christopher Greenwood cerraron con su réplica verbal el juicio, y la abogada de Pinochet obtuvo autorización para responder por escrito asuntos relacionados con los casos de víctimas de la dictadura.

Alun Jones se apoyó con sus dos manos en los extremos del pequeño estrado, abrió su cuaderno de alegaciones y ofreció una clase a los siete lores sobre los tratados de extradición en el Reino Unido y en la Unión Europea. En teoría, este tema no tenía por qué ser debatido, ya que el pasado 10 de diciembre el ministro del Interior, Jack Straw, estudió la petición de extradición española y consideró que estaba conforme a las leyes británica y europea.

Sin embargo, la defensa de Pinochet, no sin una habilidad típica de abogados picapleitos, arrojó muchas dudas sobre la ley británica y el convenio, planteando el fantasma de la no retroactividad. Ello obligó a Jones a dedicar mucho tiempo de su exposición de réplica a explicar la historia de los tratados de extradición en el Reino Unido desde 1870.

"Todos los presuntos delitos planteados por España tipifican lo que se llaman delitos de extradición en el contexto de la ley británica de 1989. Todas las presuntas conductas del acusado son en la actualidad delictivas desde el punto de vista penal en la ley británica y el acusado puede ser extraditado", explicó Jones.

"Conducta criminal"

"La aplicación retrospectiva de la extradición, a diferencia de una penalización retroactiva, no es per se desleal o ilegal. El propósito del procedimiento es simplemente permitir a otro Gobierno tratar a un fugitivo bajo las leyes vigentes en el momento en que una conducta criminal es delito en el Estado requirente. En la ley internacional, la retrospectividad de la extradición es algo inherente. Se supone que el Parlamento legisla en correspondencia con la ley internacional", explicó.Tras la clase, Jones dejó el alegato sobre el derecho internacional al abogado y profesor Christopher Greenwood, quien dijo que, al cabo de 12 sesiones de juicio, la defensa de Pinochet y el Gobierno de Chile no habían llegado a demostrar por qué razón el Reino Unido tenía que garantizar la inmunidad de Pinochet en su calidad de exjefe de Estado. "Son ellos quienes debieron aportar los elementos de esa presunta obligación del Reino Unido. Y no lo han hecho. Señorías, ocurre que no existe ninguna obligación para dar esa inmunidad; todo lo contrario, lo que existe es el compromiso, adoptado en los convenios internacionales, de juzgar a Pinochet o entregarlo a las autoridades de España para que se someta a juicio", explicó.

Greenwood, a quien tanto la abogada Clare Montgomery, por Pinochet, como Lawrence Collins, por Chile, habían atacado en sesiones anteriores con escaso fundamento, se refirió a los hechos "inveraces" planteados por sus colegas. No le faltó la ironía cuando recordó que, en efecto, Chile "deplora mucho ante este tribunal los hechos ocurridos durante la dictadura, pero nada hace al respecto". Greenwood metió el escalpelo bien hondo: "No debe extrañarnos que Chile diga que reconoce que en su país está prohibida la tortura. La dictadura de Pinochet, en 1987, planteó ante los organismos internacionales que en Chile la tortura estaba prohibida y que se castigaría a los responsables oficiales que la practicasen", subrayó.

"El tribunal se retira para resolver y en su debido momento comunicará su resolución", se despidió su presidente, lord Browne-Wilkinson.