El Gobierno indemnizará a todas las víctimas del terrorismo aunque no haya sentencia judicial

El Gobierno desea que todas las víctimas del terrorismo sean indemnizadas sin ningún tipo de discriminación y sin "agravios comparativos", independientemente de que los autores de los atentados hayan sido detenidos o no y de que hayan sido condenados o no por los tribunales. El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, se reunió ayer en La Moncloa con la Asociación Víctimas del Terrorismo, cuyos directivos le sugirieron la creación de un fondo destinado al pago de indemnizaciones y que se establezca la figura del juez único de Vigilancia Penitenciaria para los condenados por terrorismo.

El Gobierno pretende tener ultimado el borrador que recoge la proposición de ley de indemnización a las víctimas del terrorismo para mediados del presente mes, una vez cerrada la ronda de consultas con las asociaciones de víctimas y con los partidos políticos. El presidente del Ejecutivo, José María Aznar, se comprometió el pasado diciembre a consensuar este proyecto. "El Gobierno tiene claro que las víctimas del terrorismo van a ocupar el primer lugar en el proceso de paz", ha declarado el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo. El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, aseguró ayer, tras reunirse con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que el objetivo del proyecto es "evitar agravios comparativos" entre aquellos casos en los que las víctimas tengan reconocida la indemnización en una sentencia judicial y aquellos otros que todavía no la tengan, bien porque el asunto no ha sido juzgado o bien por otros motivos.

Álvarez Cascos, tras explicar que el proyecto está abierto a la participación de las autonomías con las que iniciará contactos, aseguró que las víctimas no tendrán por qué renunciar a las acciones legales que consideren oportunas, ya que acogerse a la nueva ley será voluntario. En el proyecto están involucrados los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Primera.

Evitar agravios

Álvarez Cascos recalcó que "la ley tratará de establecer condiciones de igualdad y evitar los agravios comparativos entre las víctimas". Recordó que la norma del año 1985 establecía algunas distinciones en los criterios y que el objetivo de la ley que se está elaborando es que no haya discriminación en razón de la época en que se produjo el atentado. "No vamos a establecer distinciones", explicó, y apuntó que "la idea es abordar la condición de víctima del terrorismo independientemente de la situación procesal de las responsabilidades penales, lo cual va a evitar una discriminación entre víctimas". Álvarez Cascos aseguró que con ello no se va a "interferir en la actuación ordinaria de la Justicia". "Esta iniciativa", dijo, "no tiene por qué verse afectada ni rectificar las actuaciones presentes, pasadas o futuras de la justicia". Tanto es así que el Gobierno no va a obstaculizar que una víctima pueda seguir reclamando sus derechos por vía penal.

"Habrá un marco de voluntariedad que tendrán que ejercitar las víctimas del terrorismo a la hora de acogerse a esta ley o a la hora de mantener la defensa de sus derechos en los términos que las leyes y los tribunales han establecido", puntualizó el vicepresidente. El Ejecutivo todavía no ha estudiado la fórmula para obtener los fondos necesarios para afrontar las indemnizaciones judiciales, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo cifra en 62.000 millones de pesetas, que tras ser actualizados pueden elevarse hasta 100.000 millones. Una de las posibilidades es pedir a las Cortes la aprobación de un crédito extraordinario.

Según Álvarez Cascos, "el primer paso consiste en establecer cuáles son las ayudas a las víctimas en función de las distintas circunstancias". El segundo es ver cómo se aceleran los trámites y cómo se van a abonar las cantidades correspondientes a las ayudas, dado que muchos casos están pendientes en los tribunales. El tercer paso será estudiar "cómo va a repercutir la indemnización en los titulares de la responsabilidad civil".

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), a la que están afiliadas 1.400 familias, presentó al vicepresidente 13 sugerencias para su posible incorporación al proyecto. Entre ellas está la creación de un fondo de garantía jurídico-penal que permita adelantar las indemnizaciones que adeudan los terroristas en concepto de responsabilidad civil. La AVT sugiere que el Gobierno se subrogue en los derechos de las víctimas, de manera que el terrorista pase a tener la deuda con el Estado y que sea éste el que haga lo posible por cobrarla. Esta idea es compartida y apoyada por el PSOE e IU, según lo expresaron en sus encuentros con el Gobierno.

Ana María Vidal-Abarca, Luis Delgado, Juan Antonio Corredor y el comandante Rafael Villalobos, representantes de la asociación, consideraron positivo el encuentro mantenido con Álvarez Cascos. Según Delgado, el vicepresidente les solicitó datos no sólo sobre las más de 800 víctimas de atentados de ETA, sino también de los GRAPO y del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Otra de las ideas de la AVT es que se cree la figura del juez único de Vigilancia Penitencia encargado de los penados por terrorismo, lo que permitiría conocer en todo momento la situación de los presos y los beneficios penitenciarios de los que pudieran verse beneficiados.