El funcionario Pérez es el que decide

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental depende directamente del secretario general de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, una de las dos patas sobre las que se apoya la ministra Isabel Tocino. La otra descansa en Benigno Blanco, que se ocupa del agua y la conservación del litoral.Éste, en su condición de secretario de Estado, es quien asiste a la comisión que prepara la agenda del Consejo de Ministros donde se da curso a los proyectos de ley. La de Evaluación Ambiental no cree que pasará, tal y como está redactada (véase EL PAÍS del 8 de enero), por "su debilidad conceptual" y porque, "sorprendentemente", no refleja la experiencia de la aplicación de su antecesora, la Ley de 1986. "Parece", dice Blanco, "como si tuviéramos una legislación perfecta, aplicada sin problemas, cuando la realidad es que tenemos una mala legislación, peor aplicada y necesitada de reforma por mandato comunitario".

Según el nuevo anteproyecto de Ley, todos los planes de urbanismo deberán someterse a evaluación medioambiental, así como los planes y programas agrarios, forestales, energéticos, de sectores industriales, ferroviarios, aeroportuarios, de puertos, carreteras, costas, turismo, infraestructuras y equipamientos de gestión ambiental.

La Administración podrá imponer multas de hasta 200 millones o parar las obras que no cumplan la evaluación medioambiental.

Los temores de Blanco se refuerzan por la "negativa percepción política que se tienen de las evaluaciones de impacto ambiental en las instancias políticamente decisorias sobre la gestión del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia en los últimos dos años", dice en su informe a Dolores Carrillo. Unos temores que el propio Blanco abona con el abanico de objeciones a la norma.

Las mayores descalificaciones de Blanco al proyecto se centran en el desamparo jurídico en el que la ley coloca al promotor, frente al poder del órgano que decide si una obra se ajusta o no a los requerimientos ambientales. "Ni el procedimiento, ni los trámites, ni los plazos, ni los criterios de la resolución final son, en la práctica, conocidos. Estamos creando un reino de la arbitrariedad, seudociencia, poder omnímodo y discriminación. El resultado final es que el funcionario Pérez puede decidir con más capacidad que el presidente del Gobierno sobre lo que se puede o no hacer, y sin que el funcionario Pérez tenga las incompatibilidades, ni las funciones constitucionales, ni el régimen de responsabilidad propia de jueces y magistrados. No parece lógica esta situación".