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El Gobierno cambiará su política de préstamos a la vivienda por la bajada de los tipos de interés Sustituirá la subsidiación de los créditos por subvenciones a fondo perdido

El Gobierno vasco va a revisar su política de ayudas a la vivienda al detectar que la bajada de los tipos de interés ha hecho que las ofertas de los bancos resulten más atractivas comparativamente para los ciudadanos que la subsidiación de tipos de interés que realiza. El Ejecutivo pretende sustituir la financiación de los tipos de interés por subvenciones a fondo perdido. Así, entregará al ciudadano una cantidad en mano para que la utilice en la compra del piso. La medida, que cuenta con el visto bueno del departamento de Hacienda, se empezará a aplicar en el año 2000.

En estos momentos, el Gobierno tiene vivos 35.000 préstamos, que suponen una carga por subsidiación en las condiciones de tipos de interés tal y como están hoy de 30.000 millones de pesetas. El departamento de Vivienda destinó el año pasado 3.500 millones de pesetas en ayudas a la vivienda. En los dos últimos años se ha registrado un descenso notable en las ayudas que concede el Gobierno. Este tendencia comenzó en 1996. Los ciudadanos prefieren acogerse a los tipos que les ofrecen los bancos y no a las ayudas del departamento por las condiciones que les exige: calificar el piso adquirido como de protección oficial, lo que impide venderlo al menos durante veinte años al precio libre de mercado. Cuando los tipos estaban al 11 o el 12%, el Gobierno subsidiaba cuatro puntos de media, o incluso más según los niveles de renta. Pero, ahora, con unos tipos al 3%, al Ejecutivo le queda poco margen para financiar porque el propio mercado ha solucionado el problema. El departamento de Vivienda tiene dos líneas de ayudas: para viviendas nuevas de protección oficial y para viviendas libres. Un ciudadano puede comprar una vivienda libre pidiendo ayudas gubernamentales, pero a cambio se le pide que la califique como de protección oficial. Eso significa que durante 20 años no puede venderla al precio que le de la gana, sino que la tiene que ofertar al precio oficial de VPO. Esto supone un freno. "La gente puede seguir comprando vivienda libre", apunta el director de Planificación y Gestión Financiera de la consejería, Iñaki Zabala, "pero las ayudas que da el departamento no son suficientes como para compensarle el hecho de que esa vivienda se califique de protección oficial". Con el sistema actual, los préstamos suscritos años atrás limitan al Gobierno cualquier posibilidad de hacer nada nuevo, dado que el presupuesto para ayudas se lo llevan los compromisos anteriores. Este año el Gobierno destinará una cantidad similar a la de 1998 para ir subsidiando tipos de interés de los préstamos. En los próximos ejercicios la cantidad irá descendiendo porque algunos préstamos habrán muerto. Pero el peligro que corre el Gobierno es que los tipos de interés puedan sufrir un repunte, que por pequeño que sea puede suponer miles de millones de pesetas. Esta circunstancia unida a la necesidad de cambiar la política de ayudas ha llevado al Gobierno a plantearse la conveniencia de realizar una operación con bancos y cajas que le permita liberar fondos y mantenerse a salvo de las fluctuaciones. Mientras que el ciudadano al que el Gobierno le reconoce un tipo subsidiado no tiene peligro si los tipos de interés suben, el Ejecutivo sí porque se carga con la diferencia al hacer de colchón. "Nuestra idea es trasladar ese riesgo fuera, al mercado", señala Zabala. La operación consiste en convertir un tipo de interés variable en fijo, lo que en el argot financiera se conocer como una operación de swap. De esta forma, el Gobierno podrá liberar fondos suficientes para su nueva política. Esta operación le permitirá pagar una cantidad fija, que podría oscilar de los 1.500 a los 2.000 millones de pesetas al año, durante diez o quince años hasta liquidar los aproximadamente 35.000 préstamos. Así, podrá rescatar un montante de 2.000 millones al año para conceder las subvenciones a fondo perdido. "En lugar de pagar 3.500 millones de pesetas este año y no sabemos cuántos el año que viene", explica Zabala, "vamos a tratar de pagar 1.500 o 2.000 millones durante todos los años hasta que se extingan los créditos. Así nos olvidamos de lo que pasa con los tipos de interés. Eso soluciona los riesgos de que suban y posibilita que si pagamos al final 1.500 o 2.000 millones al año, liberemos otros 2.000 millones para cambiar la política de ayudas. En lugar de subsidiaciones podremos ofrecer ayudas directas". La entidad que se haga cargo de la operación asumirá los riesgos del mercado: si un año suben los tipos de interés perderá dinero, pero si al otro baja, ganará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de enero de 1999