Los ciudadanos de la UE podrán ser empresarios de seguridad privada

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer un real decreto que permitirá a los ciudadanos de los países de la Unión Europea instalar empresas de seguridad privada en territorio español, así como trabajar en otras que ya desarrollen esta actividad. Con esta reforma de la ley de 1992, la legislación española se adecua al derecho comunitario, al eliminar la exigencia de que tanto los empresarios como los trabajadores de este tipo de negocios posean nacionalidad española.El Consejo de Ministros también aprobó las siguientes resoluciones:

-Un real decreto de constitución de 89 nuevos juzgados de lo contencioso-administrativo, que se pondrán en marcha una vez que se dicte la orden de puesta en funcionamiento. Un total de 84 de estos juzgados tendrán sede en diferentes capitales de provincia, mientras que los cinco restantes son juzgados centrales ubicados en Madrid. Con estos nuevos tribunales, más los 65 que funcionan desde el pasado 15 de diciembre, se da por cumplimentada la programación para 1999.

-Aprobados los criterios de distribución del fondo creado con los bienes decomisados por delitos relacionados con el narcotráfico. El fondo se reservará la cantidad necesaria para su funcionamiento. El resto se distribuirá entre programas de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, tanto en España como en diferentes proyectos de cooperación internacional. También se destinará parte de los bienes a programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes y acciones destinadas a su integración social y laboral. Otra partida se dedicará a proyectos de intervención asistencial con menores afectados o en situaciones de riesgo.

-Traspaso de competencias a Castilla y León de la formación profesional ocupacional.

-Traspaso a Canarias de la gestión del INEM sobre empleo, trabajo y formación.

-Modificación de la protección social en los contratos a tiempo parcial, que facilita el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social.

-Nombramientos: José Manuel Paz Agüeras, embajador en Misión Especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz; Roberto Mur Montero, secretario general de Educación y Formación Profesional; María Ángeles González García, directora general de Coordinación y Alta Inspección del Ministerio de Educación; Rafael Catalá Polo, director general de Personal y Servicios de Educación; María Dolores Cano Ratia, directora general del Instituto Nacional de Empleo; Mariano Zabia Lasala, director general de la Función Pública; Carmen González Fernández, directora general de Organización Administrativa; José Marí Olano, director general de Cooperación Autonómica, y José María García Oyaregui, director de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

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