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TRIBUNALES SE QUEDÓ 6 MILLONES

El TS envía a prisión a la funcionaria que malversó fondos del González Martí

Ni sufría trastorno alguno ni atravesaba una situación de extrema necesidad. El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la pena de tres años de prisión dictada por la Audiencia de Valencia contra Isabel A. B., la funcionaria del Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia condenada por malversación de caudales públicos. La empleada, que ingresará en prisión, se apropió de más de seis millones de pesetas.

El alto tribunal ha rechazado los argumentos de la defensa de la ex funcionaria, que recurrió la sentencia de la Audiencia de Valencia al considerar que Isabel A. B. delinquió por dos motivos. Primero: por la anomalía psíquica compleja que padecía, una dolencia que radica en la cleptomanía y en la depresión. Segundo: por la necesidad económica que sufría. Los emolumentos de la condenada y su marido (cerca de 300.000 pesetas al mes) no cubrían sus gastos. Los magistrados rechazan contundentemente ambos argumentos. "Hurtar algo para lucrarse de ello no es cleptomaniaco, llevar las cuentas de lo que hurta para reintegrarlo en cuanto se pueda, tampoco", señaló la Audiencia. El TS ha respaldado este criterio y, también sin ambages, se ha pronunciado contra la eximente del estado de necesidad, ya que los ingresos de Isabel A. B. y su esposo, "suponían más del quintuplo del salario mínimo interprofesional en las fechas de los hechos", ocurridos entre 1991 y 1994. La ex funcionaria - la sentencia la inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público durante ocho años- justificó su conducta por las "estrecheces económicas" que padecía, concretadas en el pago de un alquiler de vivienda de 90.000 pesetas. La sala no duda en subrayar que esa pretendida penuria nunca supuso una "amenaza del mal de la privación de elementos esenciales para la vida doméstica". Isabel A. B. fue cajera-pagadora y administradora del Museo Nacional de Cerámica de Valencia entre 1991 y 1994, periodo que aprovechó para apropiarse de más de seis millones de pesetas, según denunciaron dos auditorias. La ex funcionaria, que disfrutaba de autonomía y de la confianza de sus superiores, se apropió de pequeñas cantidades mediante cheques o talones hasta que fue descubierta por la entonces directora del museo.

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