La solidaridad popular evita la repatriación de un polizón a Sierra Leona

La movilización de sindicatos y otras organizaciones ha conseguido paralizar la orden de expulsión de un inmigrante ilegal de Sierra Leona, James Harrison, al que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de Interior, había denegado el asilo político aduciendo que la guerra civil de ese país no permitía particularizar su problema. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alejandro Millán Mon, ha dejado en suspenso la expulsión de Harrison "por razones humanitarias", permitiéndole ejercer los trámites y recursos oportunos para continuar viviendo en España.James Harrison tiene 25 años y era pescador en Funquia, cerca de Freetown. La guerrilla atacó su aldea y, haciéndose el muerto entre cadáveres tiroteados, logró salvar su vida. "Después cogí mi barca y huí a Guinea Conakry", relató. Un barco lo trajo de polizón hasta Vigo, donde no logró hacerse entender hasta toparse con otro africano, Walter Guah, que se ofreció a ayudarle poniéndole en contacto con la Cruz Roja de Vilagarcía. Esta asamblea local ya había tramitado el asilo del propio Guah y de los hermanos James y Wilson Kpsowa, llegados, como Harrison, hace dos semanas, como polizones en un barco. Harrison pensó que también merecía esa suerte.

La OAR, sin embargo, no admitió a trámite su solicitud de asilo aduciendo que la guerra civil de Sierra Leona, al ser generalizada, no permitía demostrar que el solicitante sufriera una persecución personal, sino la común en la que se ven inmersos todos los ciudadanos de aquel país.

James Harrison dejó en Funquia a su madre y a dos hermanas de las que desconoce si estarán vivas ni, por el momento, tiene modo de comprobarlo. En Vilagarcía, además de los afectos de la Cruz Roja y de vecinos particulares, ha descubierto el turrón, el colacao y las patatas fritas con la carne. "En mi país son muy caras", precisa de las patatas fritas.

Muerte segura

Pero no es por eso por lo que, al conocer la resolución de la OAR, que le dio 15 días para abandonar España, prometió matarse, antes que aceptar su repatriación. "Devolverme es condenarme a una muerte segura", señaló. "Me matarán unos u otros: la guerrilla, por no haberme unido a ellos, o, en mi pueblo, por desertor, por abandonarles. Así que antes me mato yo".Los sindicatos y algunas organizaciones humanitarias iniciaron una campaña de movilizaciones reclamando para Harrison el estatus de refugiado de guerra. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra ha tenido en cuenta ese movimiento de solidaridad y ha paralizado los trámites de expulsión de Harrison para que éste pueda acogerse a otras posibilidades que le permitan seguir viviendo en Vilagarcía, como su inclusión en el contingente de trabajadores inmigrantes, cuyo registro se abrió ayer mismo.

De los 30.000 permisos de trabajo a inmigrantes que ha autorizado el Gobierno para este año en toda España, a Galicia le corresponden 190, una cifra que los sindicatos y las organizaciones humanitarias consideran "a todas luces insuficiente". En la actualidad se estima que hay en Galicia más de 5.000 inmigrantes que piden regularizar su situación.