Hacienda impondrá la máxima multa al supuesto organizador de una timba ilegal

El máximo castigo. Eso es lo que la Dirección General de Tributos ha decidido aplicar al supuesto organizador de la timba que el 28 de enero de 1998 reunió en una mansión de Mirasierra, bajo el arrullo del cantante italiano Nicola di Bari, a 40 jugadores, decenas de barajas, muchos millones y, finalmente, a la misma Policía Judicial. Ahora, tras el archivo de la causa por la vía penal, la Comunidad ha propuesto para el organizador una multa de cinco millones de pesetas, la más alta de la historia autonómica por un juego de naipes. En este caso, de póquer y bacará.

La primera ronda de la partida entablada entre el presunto organizador de la timba, Ramón de la Parra, y la policía acabó con el archivo de la denuncia por fraude fiscal y la victoria del jugador. Pero la segunda manga, la que se juega en el tablero administrativo, sigue abierta. Y la Dirección General de Tributos, dependiente de la Comunidad, ha apostado fuerte por ganarla. En el expediente se le imputa a De la Parra una infracción muy grave por haber preparado y practicado juegos de azar sin autorización en un local no autorizado.Pero, en el otro lado de la mesa, el imputado no parece muy animado a seguirle el envite a la Comunidad. Desde que en la madrugada del 28 de enero la voz de Nicola di Bari se apagó y la policía, con mandamiento judicial de entrada, irrumpió en su mansión y le notificó la apertura de un expediente sancionador, De la Parra apenas ha reaccionado. Ni ha presentado alegaciones, según fuentes de Hacienda, ni es previsible que lo haga. "No se ha dado por aludido por la vía administrativa y posiblemente se declare insolvente. Está muy tranquilo", indicaron dichas fuentes.

Informe policial

El siguiente paso administrativo, si no se presentan alegaciones al expediente, es aprobar la sanción y activar el procedimiento de apremio para su cobro. La confianza en que se llegue a este punto anima a la Consejería de Hacienda, en parte porque cree tener buenas cartas. "El expediente", indicaron dichas fuentes, "está asentado en un informe muy completo del Servicio de Control de Juegos de Azar".Los datos recabados por la policía beben de dos fuentes. Por un lado, la propia historia de Ramón de la Parra, sobre el que supuestamente pesan varios expedientes firmes (aunque ninguna condena) del Ministerio del Interior, y el material hallado aquella noche desenfrenada en la mansión. Fichas, tapetes, relojes de juego, rastrillos cayeron en manos de los agentes del Servicio de Control de Juegos de Azar. "Y lo conseguimos pese a que la orden judicial sólo era de entrada, no de registro, con lo que les dio tiempo suficiente como para ocultar muchas pruebas", indican fuentes cercanas al caso.

Este bastidor, que ya fue hecho público poco después de la irrupción de la policía en el chalé (véase EL PAÍS del 30 de enero pasado), nunca ha impresionado a De la Parra. Este escurridizo jugador, de 57 años, viudo, padre de tres hijas y ex directivo de una importante empresa farmacéutica, siempre ha negado que su casa fuese un casino clandestino. Pero nunca ha negado su afición por el juego, del que se considera un maestro. "Me gusta el póquer. ¿Y qué? Soy un profesional, puedo perder, pero al final siempre acabo ganando. Es lo mío. Es como correr en fórmula 1, hay que mostrar reflejos y concentración. Y yo lo hago. Vivo jugando y juego ganando", llegó a decir a este periódico después de la intervención policial.

Considerado como el principal promotor de timbas ilegales, sus partidas, según fuentes policiales, se deslizan por la ladera del lujo. Crupieres, cantantes de salón, cenas exóticas, alcoholes densos... Todo un combinado que han convertido a este personaje en blanco de un acendrado seguimiento policial. Algo que él, a quien este periódico trató ayer sin éxito de localizar, más bien considera una persecución.

Historia de un permiso

Este interés policial y administrativo por De la Parra queda demostrado en este último expediente sancionador, fruto de una accidentada historia que arranca en 1997, cuando la Consejería de Hacienda se lanzó a la persecución de las timbas ilegales y empezó a solicitar mandamientos de entrada a los jueces. Tras encontrarse con la reiterada negativa de los magistrados a concedérselos, finalmente llegó el permiso.