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El PSPV implica a Barberá en una operación para “distraer” 70 millones

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia ha presentado una querella contra la alcaldesa, Rita Barberá, y otros ocho ediles del PP por un supuesto delito de "fraude" en relación con la compra de suelo para los ecoparques. El Ayuntamiento convocó un concurso al que sólo se presentó la empresa Ceryp, SA, que ofertó por casi 118 millones de pesetas unos terrenos que pocos días antes le habían costado 48 millones. El gobierno municipal cerró la operación, pero la deshizo cuando se destapó el escándalo. El PSPV implica al PP en una operación para "distraer" casi 70 millones al erario público.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia ha presentado una querella contra la alcaldesa, Rita Barberá, y otros ocho ediles del PP por un supuesto delito de "fraude" en relación con la operación de compra de dos solares para instalar los llamados ecoparques. El Ayuntamiento convocó un concurso para comprar el suelo necesario para esas instalaciones. Sólo se presentó la empresa Ceryp, SA, que ofertó por casi 118 millones de pesetas unos terrenos que poco antes le habían costado 48 millones. El gobierno municipal cerró la operación, pero la deshizo cuando se destapó el escándalo, aunque el PSPV considera que el delito de fraude -"distraer" casi 70 millones al erario público- fue consumado.

La querella, por un presunto delito de fraude, va dirigida contra la alcaldesa, Rita Barberá, y los ocho concejales del PP que asistieron a la comisión de gobierno el día en que se aprobó la operación de compra de los solares: Alfonso Grau, Silvestre Senent, Miquel Domínguez, Vicente Igual, José Luis Juan, Marta Torrado, Jorge Bellver y María José Alcón. La querella se presenta por un presunto delito de "fraude" previsto en el artículo 436 del Código Penal.

Según los socialistas, el asunto fue tramitado de manera que al concurso se presentara un solo licitador, que obtuvo "información privilegiada", y además se hizo de forma que una operación cuya única finalidad era "distraer" casi 70 millones de pesetas del erario público tuviera "apariencia de legalidad". Ceryp compró los terrenos por algo más de 48 millones de pesetas, y los vendió al Ayuntamiento por cerca de 118, con lo que obtuvo un beneficio de casi 70 millones de pesetas en pocos días, lo que el secretario municipal calificó de "enriquecimiento anormal".

El PSPV se querella contra Barberá y ocho ediles por "fraude" en la compra de los ecoparques

La querella por un presunto delito de fraude, presentada el pasado martes ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, va dirigida contra la alcaldesa, Rita Barberá, y los ocho concejales del PP que asistieron a la comisión de gobierno el día en que se aprobó la operación de compra de los solares para los ecoparques: Alfonso Grau, Silvestre Senent, Miquel Domínguez, Vicente Igual, José Luis Juan, Marta Torrado, Jorge Bellver y María José Alcón. Como querellante figura la edil socialista Nuria Espí, en su condición de miembro de la comisión municipal de Medio Ambiente, área responsable de la operación de compra de terrenos para los ecoparques. El texto de la querella considera, según relató ayer la portavoz socialista, Ana Noguera, que los hechos constituyen un delito de "fraude" previsto en el artículo 436 del Código Penal, que señala: "La autoridad o funcionario que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos o modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años". Los hechos que se relatan en la querella que ha presentado el PSPV se basan en el expediente tramitado para la compra mediante concurso "urgente" de los solares, iniciado el 15 de junio de 1998 por el área de Medio Ambiente, que dirige Silvestre Senent. Según los socialistas, la tramitación se realizó de manera que al concurso se presentara un solo licitador, que, según Noguera , obtuvo "información privilegiada". Además, se hizo de manera que una operación cuya única finalidad era "distraer" casi 70 millones de pesetas del erario público tuviera "apariencia de legalidad". La empresa que se presentó, Ceryp, pertenece a los hermanos Prieto, cuyo grupo es contratista habitual del Ayuntamiento de Valencia, que en los últimos años les ha adjudicado contratos por valor de 12.000 millones de pesetas. Ceryp ofreció dos terrenos, uno en Poble Nou y otro en Vara de Quart, que había adquirido muy recientemente: el primero de los citados, sólo tres días antes de que terminara el plazo de presentación de ofertas. Había pagado por ellos algo más de 48 millones de pesetas en total, pero los vendió al Ayuntamiento por cerca de 118, con lo que obtuvo un beneficio de casi 70 millones de pesetas en pocos días. La oposición descubrió el asunto, exigió explicaciones y forzó un informe del secretario general. Éste constató un "enriquecimiento anormal" y propuso "enderezar" el expediente mediante una solución que, curiosamente, había propuesto la propia Ceryp: anular el pago en metálico y compensar a la empresa con solares de valor equivalente. Pero la oposición pidió la anulación de toda la operación, la dimisión de Senent y la creación de una comisión de investigación. El gobierno del PP hizo suya la propuesta del secretario tras reconocer que el asunto había tenido un "mal final" y la oposición anunció medidas legales. Ayer Ana Noguera explicó que los socialistas habían "agotado" todas las vías políticas y administrativas en el Ayuntamiento antes de presentar la querella, obligados por la "obstinación" de Barberá, quien, aseguró, ha mostrado un "desprecio absoluto" hacia los intentos de la oposición de aclarar la cuestión. "No ha habido ninguna voluntad, sino todo lo contrario, de solucionar el asunto", dijo la portavoz socialista. El concejal delegado de Hacienda, Alfonso Grau, aseguró que la compra de los ecoparques fue "totalmente ajustada a derecho" y explicó que ante la "llamativa diferencia" entre el valor de compra y de venta de los solares, "llamativa desde el punto de vista ético y político", el gobierno municipal tomó las "medidas oportunas para dejar los hechos en situación de absoluta claridad y transparencia". Grau arremetió contra la portavoz y candidata del PSPV, a la que tachó de "incapaz" y cuya actuación calificó de "rastrera", "frustrante" y "despreciable". "Me atrevo a afirmar", dijo, "que las posibilidades de que prospere la querella son remotas, tanto como que la tierra empiece a girar al revés".

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