Sindicatos y asociaciones critican que el Ejecutivo está recortando el "salario social"

Grupos implicados en la lucha contra la exclusión, representados en el Consejo de Bienestar Social, han expresado su preocupación por el contenido del decreto que elabora el Gobierno vasco que especifica las condiciones para ser beneficiario del Ingreso Mínimo de Inserción, el salario social. Andoni Basterra, representante de Comisiones Obreras en el citado consejo, aseguró que la impresión que tienen es que "se quiere contener el gasto social" poniendo condiciones díficiles de cumplir por las personas que necesitan esos ingresos. El martes pasado, siete organizaciones sociales que representan en el Consejo a otras que trabajan en sus mismos sectores se reunieron en Bilbao para coordinar sus posturas, abrir un proceso de discusión y elegir una comisión que elabore un informe de situación. Entre los asistentes se encontraban representantes de Comisiones Obreras, UGT, la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados del País Vasco, la Asociación de Mujeres Aurreraka, la Comisión Anti-sida de Álava, la Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a emigrantes, los colegios de trabajadores sociales del País Vasco. Una vez que se elabore el informe, estos grupos se dirigirán al Consejo de Bienestar Social, a la viceconsejería correspondiente y a los grupos parlamentarios para expresar el malestar creado por la forma y el fondo del decreto. La ley contra la exclusión social, de mayo pasado, recoge las líneas generales de la situación, teniendo pendientes de desarrollo tres decretos referidos a los convenios de inserción, que aún no se ha elaborado, las ayudas de emergencia social y el Ingreso Mínimo de Inserción, que se encuentran en trámite. Este último decreto es el que ha provocado la preocupación de las organizaciones sociales. Andoni Basterra explica que el decreto recoge unas condiciones necesarias para recibir el ingreso que "son difíciles de cumplir" por "cientos de personas que perciben y necesitan" esa aportación económica. Contrato de vivienda Entre estos requisitos destaca la necesidad de acreditar una vivienda estable mediante un contrato de arrendamiento o de hospedaje. El representate de Comisiones Obreras en el Consejo explica que "en la mayoría de los casos conviven cinco o seis personas en un solo piso, y tan solo uno tiene contrato de arrendamiento. Como mucho, otro podría conseguir un contrato de subarriendamiento, pero el resto quedarían sin cobertura. Por lo tanto, si antes cobraban todos el ingreso de inserción, unas 47.000 pesetas mensuales, con las nuevas condiciones tan sólo lo percibirían dos, y el resto serían complementos". Una situación similar, se produce entre las personas que viven en pensiones "que en muchas ocasiones no estan legalizadas, y son elegidas por ser mas económicas". La viceconsejera de Bienestar Social, Begoña López Tolosa, aseguró que se tendrá en cuenta la opinión de las organizaciones, antes de aprobar el decreto, y negó que se intente recortar el gasto social, ya que afirmó, "se han puesto sobre la mesa 2.000 millones de pesetas más que el año pasado para cubrir estas necesidades".