Pujol, contra Hollywood

JORDI PUJOL acaba de tropezar con un mal enemigo, las majors estadounidenses, las grandes distribuidoras de películas, que dominan el mercado mundial y suelen dictar su ley comercial. Empezando por la circulación de sus productos según sus propios criterios, por encima de cláusulas proteccionistas. El Gobierno de la Generalitat pretende imponer con métodos coercitivos e intervencionistas que los ciudadanos en Cataluña puedan elegir en igualdad de condiciones la lengua -castellano o catalán- en la que vean las películas más taquilleras. El objetivo puede ser legítimo, o incluso encomiable, pero el método elegido -cuotas y sanciones en caso de incumplimiento- es no sólo autoritario, sino poco sensato para conseguir este objetivo en el decreto sobre cine, criticado incluso desde las filas de la propia coalición gobernante, Convergencia i Unió.Pujol se ha situado en un punto que puede abocar a que las distribuidoras norteamericanas -cuyas películas atraen a más del 90% de los espectadores- abandonen el mercado catalán o dejen de distribuir películas dobladas -al castellano o al catalán-, con el consiguiente perjuicio para las salas y para los ciudadanos. No es extraño que, para evitarlo, Pujol haya manifestado su disposición a dialogar con las majors y haya pedido ayuda al Gobierno de Aznar. En el mejor de los casos, se puede producir una suspensión cautelar de la normativa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a petición de los distribuidores y exhibidores recurrentes. De otro modo, el Gobierno catalán deberá rectificar su decreto o enfrentarse a una insostenible guerra abierta contra Hollywood.

No se trata de defender los intereses comerciales de las multinacionales frente a los derechos de las lenguas y culturas minoritarias en un mundo globalizado. En este sentido, cabe esperar que el Gobierno de Aznar aporte su colaboración para sacar a Pujol del embrollo en que se ha metido con su prurito reglamentista, ya que los primeros perjudicados son el público y el sector en Cataluña. Pero este apoyo no puede hacer abstracción del irresponsable ejercicio de falta de realismo político del que ha hecho gala Pujol con su normativa.

Las majors americanas doblan sus películas a cuatro o cinco idiomas de amplia difusión. Muchas lenguas de tamaño medio o pequeño, con Estado o sin él, tienen que conformarse con la versión original o con la versión más próxima y, si acaso, subtitulada. Ciertamente era pedir poco, y con costes muy bajos, que se doblaran algunas películas al catalán. Pero cambia totalmente la dimensión y la naturaleza del problema si se sientan precedentes legales que conduzcan, a largo plazo, a doblar a decenas de lenguas europeas (más de 80, según las cuentas de Hollywood) las películas más taquilleras, por mucho que todas ellas sean respetables y merecedoras de la máxima protección, tengan o no Estado y tengan o no una demografía más o menos nutrida.

Pujol asegura que se ha visto obligado a legislar precisamente por la falta de sensibilidad de las multinacionales. Para apoyar su argumentación quiso hacer balance de la ley de usos lingüísticos el mismo día en que se conocía el conflicto con las majors. Y los buenos aspectos de tal balance corresponden, precisamente, a los acuerdos realizados con las empresas privadas, algo que podía hacerse, y de hecho ya se había hecho, sin ley alguna. Su argumento de que era imprescindible legislar para presionar a las empresas ha quedado así desmontado. Al revés: sin coerción, con una actuación persuasiva y una actitud negociadora, quizás algún día las majors habrían accedido a colaborar doblando películas al catalán, sobre todo si no se sentaban antecedentes que limitaran su presencia en el mercado europeo, y notaban una demanda real -pues existe- por parte del público.

La responsabilidad de Pujol no es tan sólo de método, sino también de concepto. Su aproximación a la política cinematográfica es exclusivamente lingüística. Toda la energía desplegada con el doblaje hubiera sido mucho más útil para la cultura y para la lengua catalanas si se hubieran dedicado tantos esfuerzos a apoyar una industria, la cinematográfica, que tuvo su cuna española en Barcelona, pero que hoy en día prácticamente ya no existe en Cataluña.