Marcando el paso

La desmilitarización del pensamiento es una necesidad de la que se ocupó con acierto un colega en EL PAÍS del 13 de octubre de 1998. Mi buen amigo salía al paso de algunas perversiones obsesivas que padecen algunos nacionalistas, especializados en una lectura aviesa de la Constitución española de 1978, cuyo vigésimo cumpleaños venimos de celebrar. Decíamos ayer que cualquier pretexto era bueno para que estos aliados de Aznar se plantaran en una campa y alzaran el tingladillo sobre el que perorar invalidando el texto constitucional que mejor ampara los derechos y libertades públicas de los ciudadanos a 500 años vista. Alguno de esos vociferantes llevaba su audacia hasta declarar anatema la Constitución. Decía con toda rotundidad, sin necesidad de aportar pruebas, aquello de "este pueblo no cabe en esta Constitución" y pretendía degradarla presentándola como paupérrimo resultado de la ortopedia militar que nos venía impuesta.Entonces el aludido colega reproducía el artículo 8º de la Constitución, según el cual "las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". De donde se colige que las Fuerzas Armadas están constituidas exclusivamente por los tres ejércitos -Tierra, Armada y Aire-. Es decir, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, quedan fuera del concepto constitucional de Fuerzas Armadas por mucho que el primero de los cuerpos mencionados continúe siendo de naturaleza militar en cuanto a su organización y disciplina.

Y de ahí, de esa conclusión, deriva en parte una de las más significativas innovaciones constitucionales. Porque, como ha podido demostrar el profesor Manuel Ballbé en su libro Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), hasta la Constitución de 1978 puede rastrearse un hilo de continuidad en medio de toda suerte de abruptos cambios institucionales vividos por el país. Con monarquías, destronamientos, repúblicas o dictaduras, con Borbones, Bonapartes o Saboyas, con unitaristas, federalistas y cantonalistas, con Gobiernos liberales, progresistas o conservadores, el control del orden público, es decir, el control de las libertades públicas, ha estado invariablemente entregado desde 1812 al Ejército y, correlativamente, a la jurisdicción de guerra. Esta realidad se ha mantenido sin interrupción alguna hasta que por primera vez la Constitución actual y sus leyes de desarrollo pusieron fin "a la preponderancia de instituciones y técnicas jurídicas castrenses enquistadas en la actividad administrativa y gubernamental y en su organización, específicamente en la vertiente de la seguridad y la policía", como resume Ballbé.

Volviendo al artículo 8º de la Constitución, se observa que, después de describir de qué están constituidas las Fuerzas Armadas, les atribuye la misión de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Ahora bien, es preciso señalar que, según el artículo 97º, el Gobierno dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado y que son los representantes del pueblo español en el Congreso de los Diputados y en el Senado los únicos con competencia para definir qué sea la soberanía, qué la independencia, qué la integridad territorial y cuál el ordenamiento constitucional vigente. Sin que para formular esas definiciones resuene ninguna voz de mando militar. Las Fuerzas Armadas de España han quedado a las órdenes del poder constitucional. Por eso, cuando el franquismo, ETA exigía negociar con el Ejército, considerado como el poder fáctico decisivo, mientras que ahora sabe que el máximo interlocutor es el Gobierno, al que prestan obediencia las Fuerzas Armadas. Los del patriotismo constitucional hemos cumplido nuestras tareas y hemos tomado el mando sobre los militares. Pero en la banda del pacto de Estella se vive la situación inversa: los firmantes están a las órdenes de sus armados etarras. Son ellos quienes siguen reservándose de modo expreso las definiciones sobre qué sea el soberanismo, el ámbito de decisión, la territorialidad y todos los demás empeños. En Estella sigue pendiente la desmilitarización y los gudaris del amonal siguen marcando el paso. A ellos nadie les discute en su propio campo el protagonismo ganado con las armas asesinas. Unas armas ensangrentadas que adquieren autonomía corporativa y suprimen cualquier derecho de réplica.