El Gobierno rechazará de plano los acuerdos políticos de la Asamblea de Municipios Vascos

El Gobierno rechazará cualquier propuesta procedente de la Asamblea de Municipios de Euskadi -cuya próxima puesta en marcha han anunciado los tres partidos nacionalistas firmantes del Pacto de Lizarra- que desborde las competencias municipales. En opinión del Ejecutivo, no hay base constitucional ni autonómica para reconocer legalmente a esta asamblea. El nuevo ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes,señaló ayer que sólo será contemplado por el Gobierno aquel acuerdo, emanado de esta pretendida asamblea, que cumpla los requisitos de "legalidad y seguridad jurídica".

El Gobierno no se ha visto sorprendido por la decisión del PNV, anunciada el pasado fin de semana, de incorporar a sus 700 ediles a la futura Asamblea de Municipios Vascos, que promueve Euskal Herritarrok (EH) como un nuevo foro político que reúna a los alcaldes de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés. El Ejecutivo recuerda que esta iniciativa, sobre cuyo alcance final PNV y EH emiten mensajes contradictorios, está recogida en el Pacto de Lizarra, que el Partido Nacionalista Vasco suscribió junto a EH, EA e Izquierda Unida el 12 de septiembre y que constituyó la base sobre la que se fundamentó, cuatro días después, la tregua de ETA.La estrategia del Gobierno de José María Aznar ante las propuestas que emanen de esta asamblea, que se constituiría formalmente tras las elecciones municipales del 13 de junio, tiene una doble vertiente: exigirá el respeto absoluto al ordenamiento jurídico y político, esto es, a la Constitución y al Estatuto de Gernika, y el respeto a la representatividad otorgada por las urnas.

El nuevo ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, fue ayer muy claro al señalar los criterios del Ejecutivo central ante la citada asamblea. No rechaza de antemano este foro. "Si una serie de alcaldes se unen para prestar, en el marco de sus competencias, mejores servicios que sean de su competencia, entonces puede hacerse. Estamos por el diálogo". Pero si los objetivos son políticos, los rechazará de plano. "Si la asamblea busca objetivos distintos, como hemos podido escuchar estos días, que excedan de sus competencias, no tendrán validez jurídica. Serán nulos. No es necesario ningún requisito añadido", enfatizó.

Acebes recuerda, en este sentido, propuestas cuyo objetivo es lograr "la liberación nacional de Euskadi", a las que se refirió el PNV en la reunión de ediles que celebró el sábado en Bilbao, y que el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, descalificó el domingo al advertir de que tal iniciativa genera un "camino peligroso".

Representatividad

El Gobierno, en todo caso, cuestiona también la representatividad de la asamblea de alcaldes vascos, que el 6 de febrero tiene su primera cita en Pamplona. Para ello pone sobre la mesa los resultados de las elecciones autonómicas vascas celebradas hace tres meses.Según dichos resultados, los partidos no nacionalistas -Partido Popular, PSOE y Unidad Alavesa- consiguieron en las poblaciones superiores a los 50.000 habitantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco -Álava, Guipúzcoa y Vizcaya- el 48,24% de los votos, mientras que los partidos nacionalistas alcanzaron el 44,3%. La coalición Izquierda Unida (IU-EB), que tiene abierto un debate en su seno sobre si debe permanecer o no en el Pacto de Lizarra, logró el 6,6%.

Dichos municipios representan el 55% del censo de Euskadi y se reparten el 54% de los votos emitidos en las pasadas elecciones autonómicas. En Guipúzcoa, según ese mismo baremo, el PP obtuvo el 25,63% de los votos; seguido del PSOE, con el 19,21%; y del PNV, con el 17,95%. En Vizcaya, el PNV consiguió el 29,3%; el PP, el 25,47% y el PSOE, el 20,76%. En Álava, el PP obtuvo el 29,04%; el PSOE, el 18,68% y el PNV, el 17,83%. Con estos presupuestos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, manifestaba ayer que la Asamblea de Municipios Vascos "no puede pretender ser una institución política que desvirtúe la democracia vasca". El Gobierno estima que, con esta asamblea, los partidos nacionalistas vascos tratan de "instrumentalizar políticamente el proceso de paz". "Pero la paz no tiene un precio político", insistió Acebes.