El síndico descubre 32 facturas sin justificar en ocho obras de Tomey

Un informe muestra irregularidades contables

La Diputación de Guadalajara, que preside el senador del PP Francisco Tomey, subcontrató obras pese a que aparecían ejecutadas por Administración, es decir, con material y mano de obra de la propia corporación, según el informe de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha remitido a la Fiscalía Anticorrupción. Treinta y dos facturas sin justificar, ofertas de empresarios y pagos anteriores al acuerdo de ejecución de obra son otras irregularidades descubiertas.

El informe provisional de Miguel Ángel Cabezas, síndico de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, sobre el uso y aplicación de los 15.500 millones de pesetas recibidos en subvenciones por la Diputación de Guadalajara revela que esa corporación ha violado presuntamente el Reglamento General de Contratación en la ejecución de obras por el denominado sistema de Administración. En una mínima muestra de ocho obras, elegidas al azar entre los centenares llevadas a cabo, se han descubierto numerosas irregularidades.En opinión de ese órgano fiscalizador, hay "indicios de responsabilidad contable" en la actuación de esa corporación, presidida por Tomey desde hace 17 años. El senador del PP está siendo investigado también por el Supremo por un delito de falsedad a causa de la incorporación ficticia de 3.500 millones de pesetas a los presupuestos.

Las obras por Administración se llevan a cabo cuando la corporación acredita que dispone de medios humanos y materiales para ejecutar el proyecto y esto supone una mayor celeridad o economía. Esta posibilidad la contempla el artículo 60.2 de la Ley de Contratos del Estado. Así, se puede eludir el procedimiento de subasta y la concurrencia pública de ofertas. La Diputación de Guadalajara ha hecho uso de esta facultad y en el periodo comprendido entre 1983 y 1994 ha ejecutado obras por Administración por unos 2.300 millones de pesetas, según cálculos de la oposición socialista. Esta cantidad supone el 17% del total de contratos por obras que ascendieron a unos 13.400 millones de pesetas.

Pero el ahorro para las arcas públicas que se busca con ese sistema de ejecución de obras no se ha conseguido en la corporación que rige Tomey. La fiscalización de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha demuestra que en cuatro de los ocho expedientes examinados al azar sobre obras ejecutadas por esa Diputación "se acudió a la contratación con empresarios colaboradores que ejecutan más del 50% de la prestación, en contra de lo establecido en el párrafo in fine del artículo 191 del Reglamento General de Contratación". La ley establece la posibilidad de acudir a empresarios colaboradores siempre que éstos no hagan más del 50% de la obra.

Según el informe fiscalizador, las cuatro obras del muestreo en las que se ha detectado esta infracción son las siguientes: señalización en la carretera de Guadalajara-118, término de Pelegrina, con un presupuesto de 1.500.000 pesetas; ensanche y afirmado en la carretera Guadalajara-215, término de Hontoba, presupuestada en 28 millones; doble tratamiento superficial en Barriopedro, cuyo presupuesto fue de 7.800.000 pesetas, y ensanche de firme en la carretera Guadalajara-206, término de Loranca de Tajuña-Pioz (31 millones).

El síndico destaca que en la obra de Hontoba se observa que "las ofertas de los empresarios colaboradores son anteriores a los informes justificativos y al acuerdo de realización de las obras por la propia Administración". Es decir, que sabían que iban a ser contratados con anterioridad al acuerdo por el que la Diputación se comprometía a ejecutar la obra con sus propios medios materiales y humanos.

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El informe de la Cámara de Cuentas denuncia que en la documentación examinada, correspondiente a otras cuatro obras, "no constan los expedientes de contratación de los suministros de materiales adquiridos para la ejecución de las obras por Administración, tal y como dispone el artículo 195 del Reglamento General de Contratación".

El síndico se refiere a las obras de ensanche y afirmado de la carretera Guadalajara-1057, en el término de Mesones (57 millones de presupuesto); capa de rodadura en la carretera 905, término de Aldeanueva (16.500.000 pesetas); capa de rodadura en Masegoso a El Sotillo (42.600.000 pesetas), y el ensanche de firme en la carretera de Loranca de Tajuña-Pioz (31.200.000 pesetas).

Del examen de las facturas que acreditan los gastos en las ocho obras por Administración seleccionadas por la Cámara de Cuentas se desprenden también presuntas irregularidades en la justificación de 32 de ellas. Sólo en este muestreo parcial el informe destaca que de las 125.869.209 pesetas recibidas como subvención de la Junta de Castilla-La Mancha, 35.518.692 pesetas están sin justificar.

El síndico recuerda que estas facturas sirven para el abono y justificación de las subvenciones que otorga la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha. Alrededor de 2.000 millones de pesetas a Guadalajara durante el periodo de 1993 a 1996 fiscalizado. Otros 13.500 millones provinieron del Fondo de Cooperación Municipal, que otorga el Estado.

En el expediente correspondiente a la obra en el término de Mesones, de las 14 facturas obrantes, "existen 11 de fecha anterior al acuerdo de realización de las obras por Administración, que no pueden ser consideradas como justificantes válidos de la actuación". El auditor señala que del importe financiado por la Consejería de Obras Públicas (36.587.658 pesetas) únicamente se puede estimar como justificadas 30.155.673 pesetas.

En la obra de Palazuelos se constata que tres de las facturas imputadas en la misma "no concuerdan con la actuación analizada, al tratarse de materiales y trabajos realizados en otra carretera y a que la fecha de las citadas facturas es anterior, incluso, a la redacción del proyecto de obras". El síndico afirma que de las 9.949.411 pesetas recibidas por la Diputación, en concepto de subvención, sólo se considera correctamente acreditada la cifra de 4.345.397 pesetas.

La obra de Aldenaueva es también motivo de crítica. Cinco facturas "que obedecen a suministros de gravilla para brigadas de obra de diferentes zonas de la provincia no se corresponden con la actuación analizada". En este caso, de las 9.483.321 pesetas recibidos sólo se consideran acreditados 4.379.332 pesetas.

Masegoso, Hontoba...

En el expediente correspondiente a la obra de Masegoso, el fiscalizador ha descubierto tres facturas que no responden a dicha obra. Por ese motivo, de las 21.915.706 pesetas recibidas de la Junta en concepto de ayuda, únicamente están justificadas 17.314.347 pesetas.Nueve de las facturas imputadas a la obra de Hontoba se emitieron en el año 1992, es decir, antes de la redacción del proyecto y replanteo del mismo, "e incluso, a la propia formalización del convenio de transferencia de titularidad de carreteras, por lo que no pueden ser financiadas por la consejería. De las 24.421.686 pesetas recibidas están correctamente acreditadas 11.422.720 pesetas.

En la obra de Loranca de Tajuña-Pioz se ha detectado una factura que no se corresponde con la misma. Así, de las 23.511.427 pesetas recibidas se han justificado 22.733.048.

La Cámara de Cuentas ha examinado también el uso que se ha hecho de las subvenciones dadas por las consejerías de Transportes, Administraciones Públicas, Bienestar Social y Agricultura. La fiscalización de estas ayudas se acordó por unanimidad en las Cortes de esa comunidad. La Diputación de Guadalajara presentará alegaciones al citado informe provisional.

Sobre la firma

José María Irujo

Es jefe de Investigación. Especialista en terrorismo de ETA y yihadista, trabajó en El Globo, Cambio 16 y Diario 16. Por sus investigaciones, especialmente el caso Roldán, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Ortega y Gasset y el Premio Internacional Rey de España. Ha publicado cinco libros, el último "El Agujero", sobre el 11-M.

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