Argelia, denunciada ante la ONU por silenciar la violencia contra las mujeres

El Gobierno de Argelia "silencia la situación de discriminación y violencia que viven las mujeres" en su país, según un informe presentado ayer por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Comisión de las Naciones Unidas encargada de la aplicación del acuerdo internacional firmado en 1979 y destinado a proteger a las mujeres de toda forma de violencia.Según el FIDH, "desde 1991, la mujer argelina ha visto su discriminación aumentada" como consecuencia del enfrentamiento armado que vive el país y que ha costado ya 30.000 víctimas, según cifras oficiales, y unas 100.000, según los organismos y Gobiernos occidentales. "Las mujeres argelinas se encuentran oprimidas entre dos fuegos: por una parte, se ven sometidas a la violencia islamista y, por la otra, a la del propio Gobierno", estima el informe.

Centenares de mujeres han sido víctimas de secuestros, vejaciones y violaciones por parte de los grupos armados entre 1991 y 1994. A partir de esa fecha, la violencia y discriminación contra la mujer ha aumentado. El informe acusa a los "comités de control de la moral" del Frente Islámico de Salvación (FIS), principal formación islamista en Argelia, de convertirse en verdaderos tribunales de represión con la excusa de vigilar la conducta de las mujeres para que ésta sea conforme a las normas del islam.

La situación más dramática es, según el FIDH, la que viven las mujeres viudas o familiares de las víctimas del terrorismo, en particular de las personas dadas por "desaparecidas" y cuyo número asciende a unas 3.000. Para acogerse a las medidas de compensación del Gobierno, cada mujer deber presentar un certificado según el cual su marido está muerto, lo que choca con el silencio de las mismas autoridades en cuanto a la suerte de los "desaparecidos", víctimas de secuestros por los diferentes estamentos de la autoridad, policía, milicias de autodefensa o servicios secretos.

Peor es el caso de las mujeres violadas y torturadas por parte de los grupos armados, en general islamistas, que deben presentar, igualmente, un certificado emitido por la "autoridad competente", con lo que pesa sobre ellas no sólo el trauma de la violencia sexual, sino el de la vergüenza social y del señalamiento familiar. La mayoría de las mujeres violadas no acuden a denunciarlo.