Las autonomías encargan a Vitoria el guión para articular su acceso al Consejo de Ministros de la UE

Las comunidades autónomas han encomendado al Gobierno vasco la elaboración de un borrador sobre cómo debe articularse la participación de las autonomías en el Consejo de Ministros de la Unión Europea cuando este órgano trate cuestiones que son de su competencia directa. El Ejecutivo autónomo prevé que tendrá lista su propuesta para febrero. Las 17 comunidades debatirán ese mes el borrador para alcanzar una postura común, que plantearán al Gobierno central en el marco de la Conferencia sectorial para Asuntos Europeos que se celebrará en marzo.

Las autonomías encomendaron a Euskadi la elaboración del informa a finales del pasado año pasado. "Lo que han hecho las comunidades", resaltó el director de Asuntos Europeos del Gobierno vasco, Juan Diego, "es tomar la iniciativa. Existe un clima de confianza gestado en los últimos años y vamos a aprovecharlo para sentar las bases de la participación". El Estado tendrá que dar una respuesta y decir si acepta la posición común y las vías de participación que se prevén en la propuesta final de las 17 autonomías en el transcurso de la Conferencia para Asuntos Europeos, que se celebrará en marzo. "A pesar de que existe un consenso entre todos los partidos, políticamente, no hay voluntad del Gobierno [central] para dar el paso", observa Juan Diego. Recuerda en este sentido que el Congreso aprobó en el último debate sobre el estado de la nación una moción que instaba al Gobierno facilitar la parcipación de las autonomías en el Consejo de Ministros de la UE. "Si los partidos y las comunidades están de acuerdo, ¿qué pasa para que no se materialice el acuerdo? Existe una confusión interesada. Parece que las comunidades quieren ir aparte del Estado o en su lugar. Y lo que en realidad piden es participar en la delegación del Estado", precisa Diego. La delegación española en el Consejo de Ministros y sus comités puede tener tres o cuatro miembros. Lo que pretenden las autonomías es que cuando se traten temas de su competencia exclusiva uno de esos miembros sea suyo. Esta reivindicación ha sido planteada por los nacionalistas en numerosas ocasiones, pero sin éxito hasta ahora. En 1993, la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno vasco -dirigida por el PNV- elaboró un informe en el que reclamaba a Madrid que aceptara la presencia de representantes vascos en todas las instituciones europeas, formando parte de la delegación española, cuando se abordaran cuestiones que son competencia de Euskadi. Principio elemental En febrero pasado, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley en la que consideraba inaplazable la presencia de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros. Un mes después fue el pleno del Congreso el que instó al Gobierno a iniciar el proceso para dar satisfacción a esta petición. El intento de alcanzar una postura común entre las 17 regiones podría implicar la rebaja de algunas pretensiones del Gobierno vasco, que siempre ha considerado una cuestión capital su participación en la construcción europea. "Es posible que sí, pero el Gobierno vasco no renuncia a los principios elementales, como son los de disponer de sus propios representantes en el Consejo de Ministros. No sólo cuando se trate de competencias exclusivas, sino siempre que haya intereses autonómicos afectados. Merece la pena trabajar para conseguir el acuerdo del conjunto de autonomías por el salto cualitativo que eso puede suponer", recalca Diego. El Consejo de Ministros está integrado por un representante de cada uno de los gobiernos de los 15 países de la UE con rango ministerial, por lo que hay en la práctica tantos consejos como áreas de gestión: Asuntos Exteriores, Economía y Finanzas, Agricultura, Industria, etc. Con la Reforma del Tratado de la UE, el Consejo de Ministros ha ganado en capacidad de decisión y en eficacia, al aumentar sensiblemente los supuestos previstos para la toma de decisiones por mayoría cualificada. El Consejo cuenta para la adopción de sus decisiones con una serie de comités y grupos de trabajo, integrados por representantes de las administraciones de los Estados miembros. La relegación de los gobiernos regionales de estos comités provoca, según el Gobierno vasco, que los poderes políticos descentralizados pierdan capacidad de decisión en las materias para las que tienen competencias.