El Gobierno contradice a los empresarios y asegura que nadie ha solicitado crear una zona franca en Alicante

El Gobierno central no se ha planteado la posibilidad de crear una zona franca en el puerto de Alicante, porque nadie se lo ha pedido, según ha reconocido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en una respuesta parlamentaria planteada por el diputado de Nova Esquerra Manuel Alcaraz. La noticia contradice lo anunciado por diferentes organizaciones empresariales de la provincia, que llevan meses traslandando a las autoridades locales y autonómicas la necesidad de habilitar esas instalaciones para revitalizar la actividad y diversificación económica. Pese a que los políticos se han mostrado siempre receptivos a la propuesta y han manifestado su apoyo, parece evidente que su gestión para conseguir el objetivo ha sido nula. Según el documento que ayer hizo público Alcaraz, en el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración, órgano encargado de tramitar las peticiones de creación de zonas francas, "no consta" solicitud alguna procedente de Alicante. Desde 1947, con la autorizada en Vigo, no ha vuelto a concederse en España una zona franca, excepción hecha de la que se establecerá en Gran Canaria, justificada por el cambio registrado en el tradicional regimen fiscal del archipiélago canario por la integración en la Unión Europea. No obstante, el Gobierno informa que la normativa europea establece que los estados miembros podrán constituir en zonas francas determinadas partes del territorio aduanero. Para ello debe mediar un planteamiento oficial parta iniciar los estudios correspondientes. Para el empresariado alicantino, y para la mayoría de los partidos políticos con representación institucional, una zona franca en el puerto supondría un factor decisivo de revitalización económica del propio puerto, que diversificaría sus actividades y le posibilitaría avanzar en la realización de actividades logísticas en el arco mediterráneo. Curiosamente, pese al desinterés manifiesto que supone la confirmación de que nadie ha pedido el establecimiento de una zona franca en el puerto, la idea nació con la llegada al poder de los populares. Entre los mayores defensores de esas instalaciones figuran Mario Flores, presidente de la Aurtoridad Portuaria, la Confederación Empresarial y la Cámara de Comercio, que periódicamente las solicitan a las autoridades autonómicas.