Senado: fondo y forma

LA FORMA en que han sido comunicados los cambios en la composición del Gobierno dice mucho sobre lo que Aznar piensa del poder y de las instituciones. Como si de un acto fallido se tratara, encomendó a un ministro que no es miembro del Partido Popular informar sobre unos relevos cuya clave es el nombramiento de un nuevo secretario general de ese partido en un congreso que todavía no se ha celebrado. La comunicación oficial da también por supuesto que Esperanza Aguirre será nombrada presidenta del Senado, como si fuera el jefe del Ejecutivo, y no los miembros de la Cámara alta, quien tiene la facultad de designar al titular de ese importante cargo institucional.Ya es bastante anormal que el presidente del Senado, elegido en su día por unanimidad, abandone al cargo en medio de una legislatura por conveniencias partidistas, para presentarse como candidato a unas elecciones autonómicas. Juan Ignacio Barrero fue designado para presidir durante cuatro años una institución cuyos miembros, a diferencia de los del Congreso, son elegidos nominativamente, y no en una lista de partido. Es cierto que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta en el Senado y que no hay duda de que su candidato a la presidencia será elegido, pero la prohibición de mandato imperativo exige respetar el derecho de cada senador a votar en conciencia. Es decir, según la fórmula clásica, "en interés de la nación", y no del de un grupo particular. La forma tan burda en que se soslaya ese principio, sustituyendo una decisión colectiva del legislativo por la de la persona que encabeza el Ejecutivo, acentúa la confusión de planos y el carácter grotesco de la comunicación del Gobierno. Dejando para los psiquiatras la interpretación de esa sucesión de actos fallidos, la elección de Esperanza Aguirre revela criterios políticos muy discutibles. Se supone que el presidente de una Cámara ha de ser persona dialogante, poco dogmática, abierta a considerar los argumentos de los demás. Puede que el nuevo cargo acabe insuflando esos rasgos de carácter a Esperanza Aguirre -como le ocurrió en parte a Trillo-, pero es temerario esperarlo a la vista de su gestión como concejal de Madrid o como ministra.

Con o sin mayoría absoluta, el nombre del candidato a la presidencia del Senado debe ser consensuado entre las formaciones políticas. Cabe reconocer como atenuante que el interés demostrado hacia esa Cámara por algunos otros grupos tampoco es mayor. Convergència i Unió, por ejemplo, ha expresado su satisfacción por el cese de Aguirre en Educación; que vaya a presidir una institución definida por la Constitución como "Cámara de representación territorial" no parece preocupar mucho a Pujol ni a Molins.

La ponencia autonómica que debatirá la semana que viene el congreso del PP apuesta por la reforma del Senado para convertirlo realmente en una Cámara territorial. Pero si tanto el Gobierno como sus aliados dan a esa institución la importancia que se deduce de lo anterior, más vale que se planteen abiertamente si tiene sentido mantener una segunda Cámara legislativa.