Junta y Gobierno desautorizan a Torres Hurtado, que dio por roto el pacto de la Seguridad Social

El delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, quiso reabrir ayer la guerra de la deuda de la Junta con la Seguridad Social, después de que la administración central y la autonómica llegasen a un principio de acuerdo el 18 de diciembre. Tanto la Consejería de Economía como el Ministerio de Trabajo subrayaron ayer que están dispuestos a cumplir el acuerdo "al 100%", y señalaron que sólo faltan los trámites técnicos para la firma de los distintos documentos de condonación, compensación y aplazamiento de la deuda. Mientras, Torres Hurtado acusó a la Junta de "paralizar el acuerdo porque no quiere pagar".

Las declaraciones de Torres Hurtado provocaron ayer la incomprensión en la Consejería de Economía y la prudencia en el Ministerio de Trabajo. La titular de Economía, Magdalena Álvarez, afirmó que ayer mismo habló con el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, y que en la conversación quedó claro que ambas administraciones están dispuestas a cumplir el acuerdo tal y como éste se selló el pasado 18 de diciembre. Sólo quedan por cerrar algunos aspectos técnicos que ambas administraciones esperan sellar pronto. Los contactos entre técnicos del Ministerio de Trabajo y de la Consejería de Economía son casi diarios, según fuentes de la Junta, que señalaron que el diálogo para resolver los flecos pendientes está siendo "fluido". Torres Hurtado, tras unas declaraciones sobre la "electoralista" subida de las pensiones no contributivas decidida por la Junta, soltó que el acuerdo sobre la deuda de la Seguridad Social todavía no se había firmado por culpa del Ejecutivo de Manuel Chaves. Torres Hurtado afirmó que la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, defiende que el principal de la deuda son 3.112 millones y no 3.449 millones. "Álvarez sólo incluye la deuda de la Consejería de Educación, cuando hay otras consejerías que también deben dinero a la Seguridad Social", dijo el delegado del Gobierno. Torres Hurtado también sostuvo que la Junta se niega a pagar el recargo de apremio hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo. "Lo que está claro es que la Junta tiene paralizado el acuerdo porque no tiene voluntad de pagar y lo único que hace es marear la perdiz", añadió el delegado del Gobierno. El comunicado conjunto de ambas administraciones, hecho público el pasado 18 de diciembre, destacaba que la Junta tendría 10 años para pagar el recargo de apremio, que el Gobierno central estima en 21.447 millones de pesetas. No obstante, dado que el Gobierno andaluz considera que su ley de Hacienda le exime de pagar el apremio, el preacuerdo prevé que la Junta recurrirá al Tribunal Supremo para que éste resuelva el conflicto. Ambos gobiernos acordaron también que técnicos de la Consejería de Economía y del Ministerio de Trabajo hiciesen una evaluación exacta del recargo de apremio, ya que la Junta discrepaba en cualquier caso de la cifra que barajaba la Seguridad Social. La titular de Economía afirmó ayer que "hay un acuerdo firme y público que se va a mantener hasta la última coma" y mostró su contrariedad por las declaraciones de Torres Hurtado, sobre todo después de su conversación con Manuel Pimentel. Por su parte, el Ministerio de Trabajo expresó ayer su disposición a mantener el acuerdo sobre la Seguridad Social conforme a lo pactado el 18 de diciembre. En esa línea de prudencia, Pimentel dijo ayer en Sevilla, poco antes de las declaraciones de Torres Hurtado: "Quiero creer que la Junta va a pagar y a cumplir el acuerdo contraído".