El Gobierno reabre la polémica sobre la deuda de la Junta a la SS

La polémica sobre la deuda de la Junta a la Seguridad Social -acallada tras un pacto entre las Administraciones central y autonómica el pasado 18 de diciembre- resurgió ayer al hilo de unas confusas declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, a Europa Press. Éste denunció que la Junta no ha abonado a la Tesorería General "ni siquiera" el principal de la deuda, cuantificada en 3.000 millones de pesetas, cuando lo acordado era que se hiciese antes del 31 de diciembre de 1998. Las palabras de Aparicio han sorprendido sobremanera al Gobierno andaluz. Los términos exactos del concierto -que recoge un comunicado conjunto emitido en su día- rezan que la Junta estaba pendiente de liquidar 3.000 millones del principal (al margen de los intereses), mientras que la Seguridad Social le restaba por transferir a la comunidad otros 7.000 millones, por lo que se dice: "Ambas administraciones acuerdan compensar dichas cantidades y abonar, antes de fin de año, la diferencia resultante". En el cruce de las dos cifras, el saldo es a favor de la Junta en 4.000 millones. El portavoz del Gobierno, Rafael Camacho, dijo ayer que la Junta ha cumplido con lo acordado con fecha de 18 de diciembre -cuando se estableció el acuerdo-, y es el Gobierno central el que no ha enviado los 4.000 millones que se comprometió a hacer efectivos antes del 31 de diciembre. En las declaraciones a la mencionada agencia, Aparicio afirma que, a pesar de las ofertas "razonables, generosas y sensatas" presentadas "por escrito" por la Tesorería General de la Seguridad Social, no ha sido posible alcanzar un acuerdo definitivo, de forma que la Junta "ni siquiera" ha abonado el principal de la deuda, que supera los 3.000 millones de pesetas. A la espera El secretario de Estado de la Seguridad Social aseguró que se encuentra "a la espera" de recibir una respuesta a su oferta por parte de la Junta de Andalucía, aunque quiso dejar claro que "el esfuerzo de aproximación y acuerdo ya está suficientemente acreditado por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social". Según Aparicio, por esta razón, la Junta no tiene "autoridad moral" para aprobar ayudas complementarias a las pensiones asistenciales y no contributivas "cuando su situación actual es de moroso y no se encuentra al corriente de las obligaciones derivadas de sus trabajadores con la Seguridad Social". En acuerdo del pasado 18 de diciembre establecía que la Seguridad Social condonaría el recargo de mora, que superaba los 225 millones, y aplazaría a diez años los intereses de apremio, que valoraba en 21.447 millones. No obstante, decía el comunicado conjunto, ambas partes se sometían a la interpretación final del Supremo sobre si deben pagarse los intereses o no.